“Esto se va a convertir en una causa cordillerana”, dijo el intendente Ramón Martínez (ANR-HC) al abrir la audiencia, que se desarrolló en un clima de preocupación y reclamo por la falta de respuestas claras ante el avance de emprendimientos privados que afectan las fuentes de agua de la comunidad atyreña y de distritos aledaños.

Uno de los casos emblemáticos afecta directamente a la compañía Zanja Hu, donde se realizó la perforación de un pozo profundo para la extracción de agua, destinado a suministrar el vital líquido a un exclusivo barrio cerrado con lago artificial, construido entre San Bernardino y Ypacaraí, a unos 7 km en línea directa.

El encuentro fue convocado por la Junta Municipal de Atyrá y contó con la presencia del gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR); los diputados Hugo Meza (ANR-HC), Carlos María López (PLRA) y Graciela Aguilera (PLRA); además de los intendentes Juan Ramón Martínez (Atyrá), César Ferreira (Altos) y Rosa Escobar (Nueva Colombia). También asistieron dirigentes de distintos partidos políticos y candidatos a cargos electivos.

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En representación de la comisión vecinal “Defensa del Agua”, el abogado Víctor Samaniego expuso la situación en la comunidad de Zanja Hu. Mencionó que, desde diciembre del año pasado, se realizó la perforación de un pozo profundo de agua por la empresa Petrohue Real Estate SA (integrante de la sociedad Highlands Park & Lagoon), cuyo representante legal es Martín Tempe, de nacionalidad chilena.

El plan es suministrar el agua extraída del lugar a un exclusivo barrio cerrado erigido sobre una superficie de 90 hectáreas en el límite de los distritos de Ypacaraí y San Bernardino. Contará con 545 lotes de diferentes extensiones y edificios para albergar 135 departamentos. También tendrá la “Crystal Lagoon”, con “la mayor superficie de playa en el mundo”.

“Crystal Lagoon (laguna de cristal)” es una tecnología implementada por una empresa estadounidense que permite crear lagunas de cualquier tamaño y forma, incluso en desiertos, montañas o centros urbanos.

“Los pozos están secos, los arroyos han desaparecido, la pesca ya forma parte del pasado. Las pocas corrientes de agua que quedan son casi invisibles”, lamentó Samaniego. Señaló que la comunidad lleva casi un año de lucha sin recibir respuestas efectivas de las autoridades competentes.

“Necesitamos acciones claras; no promesas. El agua potable debe ser prioridad, no un negocio. Cordillera es el departamento con mayor riqueza natural y debemos estar unidos para protegerla”, dijo Samaniego.

Advirtió que el conflicto podría escalar si las instituciones siguen mirando hacia otro lado, enfatizó.

La intendenta de Nueva Colombia, Rosa Escobar, dijo que “los municipios deben estar unidos” y afirmó que su administración “estará firme para defender este recurso que es de todos”.

El representante exigió informes técnicos sobre el acuífero Caacupé y que el Congreso Nacional intervenga ante el Poder Judicial, al que acusan de favorecer intereses empresariales.

Sin embargo, el malestar creció tras conocerse que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, autorizó a la empresa a seguir con las perforaciones pese a no contar con el estudio de impacto ambiental.

La decisión judicial fue calificada como una afrenta a la ciudadanía y al medioambiente, ya que desconoce los reclamos vecinales y pone en riesgo el acuífero que abastece a varias comunidades de Cordillera.

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