En entrevista con ABC, el asesor legal de Atome PLC, Jorge Gross Brown, explicó que el reclamo que Atome avisó al Estado paraguayo no se funda en el contrato de 2022 con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sino en el tratado bilateral de inversión entre Paraguay y el Reino Unido. La empresa comunicó su aviso de controversia el pasado 17 de este mes.

“No es que nosotros estamos haciendo un reclamo contractual bajo un contrato en particular que se haya firmado con el gobierno”, afirmó. Según dijo, el reclamo es contra la República del Paraguay y no contra una entidad en particular. Es decir, no es contra la ANDE.

Gross Brown respondió así a quienes sostienen que Atome no puede reclamar por no tener contrato con el Gobierno. Citó al expresidente de la ANDE Félix Sosa, quien dijo en una entrevista con ABC que la empresa “no tiene nada que reclamarle a la ANDE”.

Para el arbitraje, dijo, basta con demostrar promesas, compromisos y conversaciones que llevaron a la empresa a invertir, ya que esta se basó en ellas. Como pruebas mencionó notas intercambiadas y la licencia Power to X, que el Ministerio de Industria y Comercio ya le había otorgado bajo el decreto de enero, que —según dijo— habilitó a Atome como primer beneficiario del régimen.

“No requiere de contrato por escrito, se basa en promesas, conversaciones realizadas, compromisos orales, una expectativa generada para venir a invertir, y que luego haya un cambio de regla de juego”, detalló.

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Quiénes fueron los interlocutores del Gobierno

Gross Brown detalló que las conversaciones con el Estado se dieron en distintos niveles, aunque evitó nombrar a funcionarios puntuales. “Estuvimos con la alta dirigencia de la ANDE, también con los diferentes ministerios involucrados”, afirmó sobre el período previo al aviso de controversia. Aclaró que, desde la notificación del 17 de setiembre, no hubo más contacto con ninguno de esos actores.

Consultado directamente sobre si hubo diálogo con el Ministerio de Industria y Comercio y la Jefatura de Gabinete, respondió: “Con todos, como tiene que ser”. Sostuvo que una inversión de esta magnitud requiere involucramiento “desde el presidente de la República hasta el último tomador de decisión”.

Sobre la naturaleza de esos intercambios, explicó que no hubo compromisos escritos sino “conversaciones de alto nivel con los actores principales del gobierno”. El abogado insistió en que el reclamo ante el CIADI no busca señalar responsables individuales. “No queremos individualizar a las personas, es un problema institucional, es un problema de seguridad jurídica”, sostuvo, al ser consultado sobre quién, en concreto, generó las expectativas que la empresa dice haber tenido en cuenta para invertir.

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Una inversión sin monto

Gross Brown habló de una inversión privada de US$ 1.000 millones (redondeando, ya que inicialmente se dijo que sería de US$ 665 millones) para una planta de hidrógeno verde en Villeta. Dijo que desde 2021 y 2022 contrataron ingeniería, consultoras y expertos, compraron el terreno y negociaron un acuerdo de zona franca.

Consultado sobre cuánto invirtió ya la empresa, respondió: “No tengo el monto específico, pero es una suma considerable”. Explicó que no están liquidados los montos porque buscan agotar las instancias de negociación. Agregó que la suma de la notificación no tiene precedentes en reclamos contra el Estado.

Justificó que el proyecto, que debía operar en 2025 según el contrato con la ANDE de 2022, se demoró por el diseño de la planta, las negociaciones para las servidumbres de paso y la zona franca. Dijo que las negociaciones con más de 10 bancos exigían unos 300 requisitos, que fueron cumplidos, y que solo faltaba el contrato de compraventa de energía con la ANDE para dar la palada inicial.

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El decreto derogado

Atome tenía un contrato firamdo el 3 de mayo de 2022 de suministro bajo el Pliego 21, con una tarifa industrial de alta y muy alta tensión, que hoy ronda los US$ 32. Pero sostuvo que cuando el Gobierno creó un régimen especial para industrias como data centers e hidrógeno con el decreto 5306/2026, dijo que aumentó el entusiasmo de la empresa.

Según Gross Brown, la modificación del decreto no los afectó, pero sí su derogación completa en junio pasado. “Sentimos que nos soltaron la mano”, afirmó. Sostuvo que después no se abrieron canales de comunicación y que los cambios en la ANDE llegaron recién a fines de julio.

El abogado calificó lo ocurrido como “una manifestación de una falta de seguridad jurídica”. Dijo que no buscan “politizar ni individualizar responsables” y que se trata de un problema institucional.

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La disputa por la tarifa

Gross Brown negó que Atome busque privilegios: “Atome no quiere ninguna, ni nunca buscó una tarifa preferencial subsidiada”. Pide una tarifa industrial sostenida en el tiempo, con factores de ajuste. Aclaró que el Estado no pondría “ningún peso, ningún guaraní ni ningún dólar”: es un proyecto enteramente privado.

Admitió que el contrato de 2022 permite a la ANDE cambiar la tarifa a futuro y que esa frase “generó mucho ruido” entre los entes que financiarían el proyecto. Por eso Atome buscó un contrato bancable, con reglas previsibles exigidas por los bancos.

Ante la tarifa técnica de más de US$ 44 que maneja la ANDE, dijo que a ese precio “pierde dinero” y que, a su criterio, no existe una tarifa técnica transparentada. Atome propuso primero US$ 30 y luego US$ 37, aunque aclaró que “tampoco es un número definitivo”, pero hasta el momento, no hay acuerdo ni más conversaciones al respecto.

Ante el reparo de la ANDE de que aún no hay tarifa de Itaipú para definir la tarifa para Atome y otras industrias similares, respondió que, si esta se mantiene, la propuesta de Atome cumple el margen legal de 8 a 10% de la ANDE. Además, añadió que la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú con Brasil no se resolvería antes de 2027.

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Sin diálogo y con plazo

Gross Brown rechazó que la notificación sea presión. “No es un jaque”, dijo, y explicó que es un paso previo obligatorio para no perder el derecho a reclamar. Según el abogado, la intención de demanda rige dentro de tres meses y solo si no hay un acuerdo negociado.

Afirmó que, tras la notificación, no hubo contacto con el Gobierno. Dijo que la Procuraduría emitió un comunicado y que el ministro del MITIC, Gustavo Villate, habló en conferencia de prensa, pero que no hubo “acciones concretas” para avanzar. Pidió definir si el proyecto se da de baja o si se fija un plan de trabajo con plazos.

Contó que actualmente en Paraguay trabajan 7 personas en Atome, lideradas por James Spalding y Juan Pablo Nogués. Aseguró que la planta generará mano de obra y atraerá otras industrias.

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