A menos de una semana de la conclusión de la intervención, el 23 de agosto, la Municipalidad de Asunción aún padece la crítica situación financiera dejada por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), temporalmente apartado del cargo. Víctor Gamarra Popoff, director interino de Administración y Finanzas de la comuna, admitió que esa crisis financiera pone en riesgo la operatividad de sus servicios esenciales.

Además de sus obligaciones financieras, la institución debe hacer frente a pagos a proveedores para mantener los servicios básicos para la ciudadanía. La deuda con estos proveedores asciende a un promedio de G. 30.000 millones, cifra que, aunque se ha intentado honrar parcialmente, se mantiene constante debido a las nuevas obligaciones que surgen por los servicios continuos, explicó el director interino.

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Como consecuencia directa, la Municipalidad hoy se está concentrando principalmente en cumplir con esos proveedores para no interrumpir servicios críticos como la recolección de residuos, la disposición final de los mismos y las intervenciones menores en vialidad, como los bacheos. Sin embargo, la actual coyuntura ha obligado a suspender recapados y obras mayores de vialidad, agregó.

La comuna está intervenida desde el 24 de junio, por pedido de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, como lo denunciara ABC. La Fiscalía mantiene una investigación abierta. Rodríguez además está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia. La Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.

Al cierre de la semana pasada, la recaudación total de la Municipalidad de Asunción apenas alcanzaba los G. 19.895 millones, menos de una cuarta parte de los G. 83.715 millones recaudados en todo julio.

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A menos de dos semanas de finalizar el agosto, la recaudación tampoco alcanza a la mitad de los G. 48.000 millones que, en promedio, se pagó en salarios entre enero y abril.

La intervención intentó aplicar un importante recorte en beneficios adicionales, que hubieran significado una disminución de G. 2.600 millones mensuales, pero no fue posible por presión de los sindicatos de la Municipalidad.