La Municipalidad de Asunción presentó su descargo este lunes, al Ministerio del Interior, exigiendo la desestimación del pedido de intervención hecho por la Contraloría General de la República (CGR), sobre la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Juan José Armoa, jefe del Departamento de Acciones Judiciales, explicó que el principal argumento que tienen es la supuesta falta de competencia del órgano contralor para pedir la intervención.

El abogado dijo que la Ley 317/94 establece que la intervención de una municipalidad solo puede se solicitada por la Junta Municipal y el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Diputados. Esto, aseguró, le quitaría legitimación activa a la Contraloría para solicitar la intervención.

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Sin embargo, la Constitución Nacional, en su artículo 165, que establece los requisitos para la intervención, dice expresamente que el proceso podrá iniciarse “por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”. La norma constitucional establece que el Ejecutivo requiere para ello del previo acuerdo de la Cámara de Diputados

La misma Ley 317/94, alegada por la Municipalidad, establece en su artículo 2° que “las intervenciones podrán realizarse”, entre otros casos, por “grave irregularidad en la ejecución del presupuesto en la administración de los bienes” que fueran “detectados directamente por la Contraloría General de la República, con dictamen y a solicitud de esta”.

Interpretación de la Municipalidad

El representante legal de la Municipalidad dijo que con este pedido de desestimación no desconocen el rol de la Contraloría, pero aseguró que “tiene carácter administrativo”, y que sus informes deben ser remitidos a los órganos correspondientes. “Lo que debió realizar fue simplemente comunicar al Poder Ejecutivo de sus conclusiones”, dice el documento al que accedió ABC.

En el escrito de descargo, la Asesoría Jurídica de la Municipalidad le dice al Ministerio del Interior que la Contraloría, al “recomendar expresamente la intervención, sin haber sido requerido por el Ejecutivo, cruza la línea entre el asesoramiento técnico y la iniciativa política”.

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Agrega el texto que el pedido de la Contraloría " constituye una forma de presión institucional que, aunque no viole de forma expresa la Constitución, sí vulnera el principio de separación de poderes al invadir competencias que son exclusivas del Poder Ejecutivo“.

El representante de la Asesoría Jurídica dijo además que la Municipalidad siempre estuvo a disposición y que respondió en tiempo y forma a las consultas del órgano contralor. Con respecto a los documentos que la Contraloría dice no haber recibido, reiteró el argumento de que estos obran en la Fiscalía de Delitos Económicos, que analiza la denuncia del desvío de fondo de los bonos.

Tribunal de Cuentas

El abogado recordó que “existe un juicio contencioso-administrativo que fue interpuesto por la Municipalidad de Asunción, contra una resolución que dictó el órgano contralor, donde se impugnan los hechos que se atribuyen a la Municipalidad dentro de su manejo institucional”.

En ese sentido, Armoa reiteró que para la Municipalidad es el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el órgano competente para entender en todo tipo de controversias que se tengan en relación con su rendición de cuentas. “Nosotros hemos solicitado que se inicie el estudio de la rendición de cuentas de los ejercicios 2020 al 2023, en el que el órgano jurisdiccional se declaró competente”, remarcó.

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Armoa agregó, en el mismo sentido, que la Municipalidad cuenta con una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2248/03, modificatoria del Código de Organización Judicial, que “pretendió quitar atribuciones al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, para entender o juzgar las cuentas del Estado (...) El artículo 30 del Código de Organización Judicial rige plenamente para la Municipalidad de Asunción”, agregó.

La Segunda Sala del Tribunal de Cuentas es la misma a la que Óscar Rodríguez Kennedy, camarista y padre del intendente, se había referido en un sospechoso mensaje enviado por error a un grupo de WhatsApp el 3 de julio de 2024, mismo día en el que la Contraloría había emitido el lapidario dictamen contra Nenecho. El tribunal está integrado por Celeste Jara -pariente del actual titular de la ANR, Horacio Cartes Jara-, Edward Vittone Rojas -exasesor jurídico de la Municipalidad y esposo de la directora de Contraloría Interna, Myriam Paredes- quien dijo haberse inhibido, y César Emilio Diesel Marín- hijo del ministro de la Corte, César Diesel-.

El pedido de intervención

El viernes último, el contralor general de la República, Camilo Benítez, informó de la presentación oficial de los pedidos de intervención de las gestiones municipales de Asunción y Ciudad del Este. Benítez señaló que se basan en exámenes y controles realizados previamente por la Contraloría, sobre el uso y administración de bienes públicos y del Patrimonio del Estado y las instituciones municipales.

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En el caso de Asunción, señaló que investigaron la administración de Nenecho Rodríguez en torno a la utilización de recursos obtenidos a través de la emisión de bonos G8 y G9. En ese caso, detectaron presuntos malos manejos en la ejecución de los presupuestos. El contralor explicó que el pedido de intervención se basa en graves irregularidades en la ejecución de presupuesto o administración de bienes de la Municipalidad de Asunción.

El 3 de julio de 2023, la Contraloría emitió un lapidario informe en el que confirmó el desvío de dinero de los bonos emitidos por la Municipalidad para obras.

En el informe, el órgano contralor dijo expresamente que el argumento de la denominada “cuenta única” violaba la Ley Orgánica Municipal. ABC denunció en mayo de ese año el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras. El análisis de la Contraloría se limitó a los bonos G8 y G9.