Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, contó que, a cinco días de finalizar la fiscalización de la gestión del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez, aún aguarda los últimos documentos que necesita para preparar su informe final. Entre ellos, citó la respuesta de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) respecto de los proveedores de las facturas de gastos corrientes en los que la administración de Nenecho habría desviado parte de los G. 500.000 millones de los bonos.

El interventor señaló que, por su importancia, considera relevante esperarlos. “Voy a agotar todo mi tiempo esperando que me respondan”, dijo. Aseguró además que una vez que tenga la respuesta, se abocará junto con su equipo, a la verificación in situ de las empresas proveedoras de las facturas entregadas por la gestión de Rodríguez.

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Esta documentación es la que contenían los 123 biblioratos a los que accedió el interventor -que fueron negados a la Contraloría General de la República (CGR)- y que permitirían mostrar el destino final del dinero desviado por Rodríguez. Pereira aseguró además que evalúan, junto con sus asesores legales, la presentación de más denuncias penales sobre hechos encontrados durante el proceso de intervención.

El proceso de intervención de su gestión había iniciado el 24 de junio de 2025, justamente por del órgano contralor, que en julio de 2024 confirmó, entre otras cosas, el desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras, denunciado por ABC Color. Pereira asumió el cargo por 60 días, plazo que termina el sábado 23 de agosto. En varias oportunidades, Pereira confirmó a ABC que tiene la intención de concluir incluso su informe antes de esa fecha.

Verifican procesos judiciales

Carlos Pereira contó además que, antes de dejar el cargo, su equipo revisa procesos judiciales que habrían afectado a la comuna, como el caso de las tierras cedidas al Centro de Acción Social Universitaria (CASU). Recientemente, desde la Junta Municipal, el concejal Javier Pintos (ANR-cartista) había denunciado la venta irregular por parte de las autoridades de la organización privada, de tierras que pertenecen a la comuna y que habían sido cedidas, condicionadamente.

El predio, de 6.000 metros cuadrados, ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco casi Madame Lynch, había sido cedido en uso de la organización privada en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner, con la condición de ser devuelto a la Municipalidad. Pese a una prohibición expresa de una ley y de una ordenanza, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad informó a la Junta que el caso habría tenido un resultado desfavorable ante la Corte Suprema de Justicia.

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“Estoy haciendo revistar por qué fueron abandonados, o por qué no tuvo seguimiento en el juzgado o procesalmente cómo está. Eso también me están teniendo pendiente, diciéndome me iban a entregar esta semana y eso es lo que estoy urgiendo para que me respondan ya”, expresó el interventor.

Pereira señaló que también aguarda la documentación correspondiente a otra denuncia, presentada también por el concejal Pintos ante la Junta Municipal, respecto del intento de “regalar” otras 4 hectáreas en la Costanera Norte. El predio, valorado aproximadamente en G. 120.000 millones, según Pintos, habría intentado darse en pago de una deuda de G. 15.000 millones a la Confederación Paraguaya de Basquetbol (CPB), por una demanda perdida por la comuna.

Esperan las “fórmulas” del interventor

El concejal Félix Ayala (PLRA) señaló a ABC que esperan los últimos días del proceso de intervención para conocer las fórmulas que prometió el interventor para que, en un corto plazo, la Municipalidad salga a flote. “Él habla de un fideicomisos, yo sostengo y dije siempre que la Municipalidad está en condiciones de emitir más bonos, pero para obras puntuales. Lo que tenemos que hacer es mejorar el control, para que esos recursos vayan a obras, efectivamente”, dijo el edil.

Ayala señaló además que las cifras que viene informando la intervención “van reafirmando que la Municipalidad tiene formas de salir adelante, pero lo que hace falta es una responsabilidad a la hora de encarar los trabajos principalmente en recaudación”.

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Con respecto al futuro de la administración del intendente Rodríguez, tras la finalización de la intervención, señaló que aunque existen lagunas legales, a su parecer quien tiene que asumir el cargo, interinamente y por 30 días, es el titular de la Junta Municipal, Luis Bello.

“Una vez que el interventor abandona (la Municipalidad) no termina el proceso de intervención. Eso termina cuando la Cámara de Diputados de su veredicto a favor o en contra, pero interinamente tiene que estar una persona que que tenga el respaldo legal, popular y ese es el presidente la Junta”, opinó. Según Ayala, si en ese tiempo la Cámara de Diputados no resuelve la destitución o no de Rodríguez, la Junta deberá designar entre sus miembros a un intendente interino.

“Intervención debió ser el año pasado”, según Ayala

El concejal liberal insistió en que, a su parecer, se eligió el peor momento para llevar adelante el proceso de intervención de la gestión de Rodríguez. “El momento ideal era enero o febrero”, dijo al remarcar que tener el proceso en pleno desarrollo de un evento internacional como los Juegos Panamericanos Junior, evidenció la falta de gestión y servicios.

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“Creo que fue una decisión, en cuanto al tiempo, desacertada políticamente. Ellos, por el Partido Colorado digo, porque son los que tomaron la decisión, tuvieron que tomar esta decisión el año pasado”, reclamó.

Los hallazgos

Durante la intervención, Carlos Pereira confirmó que Nenecho gastó la mitad del dinero de los bonos en el pago de salarios, que convirtió la comuna en un “loteamiento” por “cupos políticos” y que la dejó “moralmente destruida”, con varias denuncias de recaudaciones parlalas y aprietes a permisionarios.

En los 55 días que lleva al frente de la comuna, interinamente, Pereira también confirmó una superpoblación de 9.119 funcionarios cuya asistencia es pobremente controlada, pese a la existencia de 27 sistemas informáticos de gestión municipal.

En el mismo periodo, los concejales denunciaron también supuestos esquemas de sobrefacturación y operaciones de la intendencia que podrían haber concluido en el “regalo” de tierras municipales.