La denuncia contra el informador fue interpuesta por el Departamento de Lucha contra el Lenguaje de Odio y Comunicación Agresiva, que comenzó a estar vigente este verano.

Las autoridades argumentaron la necesidad de la creación del nuevo cuerpo con el objetivo de reducir la polarización en la sociedad tras la congelación de las negociaciones sobre la entrada en la Unión Europea.

A la vez, numerosos activistas criticaron la decisión, temiendo que esta legitimaría la censura.

No obstante, el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, declaró recientemente que se observa "una disminución notable en el nivel de insultos en internet, gracias a las medidas adoptadas por las autoridades para proteger a la sociedad del discurso de odio".

Según el político, hay que "trazar una clara línea entre la crítica constructiva y el lenguaje obsceno".

El periodista condenado, informaron las autoridades, se negó previamente a pagar una multa, por lo que pasará en prisión dos semanas.