La versión aprobada, que se presta totalmente a la discrecionalidad, ni siquiera presenta un censo de la cantidad de presuntos beneficiarios, y por tanto, no se puede calcular un eventual perjuicio patrimonial.

Únicamente se establece el total a ser cobrado por cada indemnizado, que es el equivalente de 20 salarios mínimos, que a falta del ajuste esperado, es entre G. 2.550.307 y G. 2680.000.

Esto indicaría que cada persona podría reclamar cuando menos G. 51.006.140, que Hacienda deberá desembolsar.