La Cámara de Senadores, en su sesión extraordinaria, aprobó ayer martes, en menos de un minuto y sin debate, un proyecto de declaración que manifiesta su “preocupación” por la falta de pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre una recusación planteada dentro de la causa conocida públicamente como Banco Atlas–Conmebol.

El documento presentado por el senador Dionisio Amarilla sostiene que la demora en resolver la recusación afecta la regular prosecución del proceso y genera una preocupación institucional; sin embargo, abre un debate constitucional considerando que se refiere a una causa judicial estrictamente privada concreta en el que no hay entidad ni fondos públicos en riesgo, por lo que bien podría considerarse como un ataque contra el grupo ABC por publicaciones hechas por este medio.

El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, fue consultado si no se trata de una intromisión de un poder del Estado sobre el otro, a lo que respondió que debe garantizarse la libertad de criterio de los magistrados.

“Siempre y cuando no señalen cómo resolver, no. Yo creo que lo que tiene que garantizarse es la libertad de criterio de los magistrados. Yo creo que no hay que dejarse, o sea, que no hay que tomar como una señal de presión alguna manifestación de alguna persona de este marco de extrema libertad que afortunadamente vivimos en nuestro país. Tenemos que considerarlo desde ese punto de vista”, contestó.

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Aguardan comunicación oficial

Si bien en el Senado el documento se aprobó en menos de un minuto y sin debate, hasta ahora no fue comunicado oficialmente a la Corte, según afirmó Martínez Simón.

“Nosotros aguardamos la comunicación que nos formulen, la analizaremos en su momento. Puntualmente hay veces que instan a realizar determinados actos o señalan ellos pareceres técnicos, es decir, el hecho de que el Congreso como órgano del Estado se pronuncie es una prerrogativa evidentemente propia de ellos y en el marco de esa comunicación vamos a proceder nosotros a analizar y a tomar en consideración el texto de cada uno, tenor de cada uno”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Rodrigo Yódice, representante legal del Banco Atlas, denunció como “apriete nefasto, bochornoso e inconstitucional” el documento y advirtió que la Cámara Alta violó la Constitución para subordinarse a intereses privados, por lo que no descartó denuncias internacionales.

Para el profesional, esta maniobra parlamentaria representa una “artera violación al principio de equilibrio de poderes” que pisoteó la Constitución Nacional.

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“Hablo con profunda desazón como ciudadano y como abogado. Estamos ante una aviesa, indisimulada e inequívoca intromisión del Poder Legislativo en facultades que son netamente jurisdiccionales. El Parlamento se ha despojado de toda protección a los intereses públicos para subalternizar sus potestades constitucionales en favor de intereses estrictamente privados”, expresó en entrevista con la 730 AM.

Violación del artículo 192 de la Constitución Nacional

Al analizar los fundamentos jurídicos de la decisión del Senado, Yódice enfatizó que los legisladores violaron abiertamente el artículo 192 de la Constitución Nacional.

Explicó que si bien el Congreso posee la facultad de requerir informes a otros poderes del Estado, la norma estipula dos condiciones infranqueables, los cuales son que los pedidos se relacionen estrictamente con cuestiones de interés público y que en ningún caso involucren o interfieran en asuntos de naturaleza jurisdiccional.

“¿Qué interés público tiene para el campesino que trabaja todo el día un proceso penal donde única y exclusivamente se discuten cuestiones patrimoniales entre privados?”, cuestionó el abogado.

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Comparó la insólita celeridad del Senado para este caso con su absoluto desinterés ante tragedias de alto impacto social o causas de corrupción pública.

“Jamás vimos a la Cámara de Senadores emitir una declaración de preocupación para exigir avances por el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, ni para apurar el congelamiento de causas donde se juzga el desvío de más de G. 40.000 millones de fondos públicos. Pero para resolver las incidencias de un pleito privado entre amigos del poder, actúan en un minuto”, recriminó.

Refuerza hipótesis de que causa fue armada, según abogado

Remarcó que este pronunciamiento legislativo refuerza la hipótesis de la defensa de que la causa penal en cuestión fue armada de manera deliberada.

Sostuvo que el proceso judicial está siendo utilizado como una herramienta coercitiva y de escarmiento hacia un grupo empresarial y periodístico por su postura crítica frente a los abusos de los hombres públicos.

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“Lo último que les importa es el respeto al Estado de derecho; lo que pretenden es darle un palo a quienes dan a conocer la verdad”, añadió.

Ante esta situación, Yódice hizo un llamado a los ministros de la Corte Suprema de Justicia para que no “abdiquen ni se batan en retirada” ante el chantaje parlamentario, instándolos a rechazar la nota del Senado en salvaguarda de la seguridad jurídica.

Asimismo, adelantó que el equipo jurídico se encuentra evaluando formular denuncias formales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la abierta violación a las garantías del debido proceso y al Pacto de San José de Costa Rica.

A las 11:06, la votación reunió a senadores de diferentes sectores entre ellos cartistas, aliados y opositores. Entre quienes acompañaron estuvieron:

Lizarella Valiente (ANR-HC)Zenaida Delgado (ANR-HC)Pedro Díaz Verón (ANR-HC)Carlos Núñez (ANR-HC)Derlis Osorio (ANR-HC)José “Pakova” Ledesma (PLRA)Walter Kobilansky (ex-Cruzada Nacional)Noelia Cabrera (PLRA)Mario Varela, Luis PettengillEsperanza Martínez (PPC)Lucía Mendoza (Cruzada Nacional)Eduardo Nakayama (PLRA), según se observa en la transmisión de la sesión.Pedidos de reconsideraciones en el Senado

A las 13:00 de la sesión del martes, el senador Nakayama pidió la reconsideración de su voto.

“Quiero dejar constancia de que eso se votó de una forma, y yo realmente no creo que nosotros debamos entrometernos en otros poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, es una cuestión y tampoco meternos en como ya lo manifestamos en la sesión anterior, en una guerra que no nos corresponde solamente por esa cuestión”, dijo el senador.

También el senador Rafael Filizzola (PDP) pidió como moción de orden la reconsideración del punto y argumentó que a su juicio con la aprobación de la declaración se violaba el artículo 248 de la Constitución al inmiscuirse en asuntos judiciales y presionar a la Corte Suprema de Justicia.

Anunció que junto con el senador Ever Villalba (PLRA) planteará la derogación del proyecto de declaración, ya que la sesión terminó siendo levantada ante la falta de quorum sin que se concretara la votación de la reconsideración.