Hoy está convocada a sesión ordinaria la Cámara de Diputados para las 9:00 con 26 puntos en el orden del día, figurando entre los últimos lugares (punto 21) el proyecto de ley “que establece la eliminación de la intermediación de la Opaci en la expedición de licencias de conducir y en los procesos relacionados a bienes y raíces”, que busca acabar con un “fato” a todas luces a favor de esta “oenegé amiga” del cartismo.

Actualmente, Opaci, una organización no gubernamental (ONG) integrada por intendentes de todo el país y ahora encabezada por el intendente cartista de Guarambaré, Óscar Cabrera, cobra una “tasa” obligatoria por supuestas gestiones a cada contribuyente en todo el país, sin siquiera la obligación de rendir cuentas sobre su uso.

Esto implica que, solamente entre 2020 y 2024, por concepto de licencias de conducir recaudaron unos G. 35.416.300.110. Esto, sin incluir otro millonario monto en concepto de tasas relacionadas a bienes raíces, como ser los casos de transferencias de inmuebles e hipotecas.

Diputados opositores plantean cortar el “fato” de Opaci con licencias de conducir y bienes raíces

Ayer, Cabrera fue a Diputados, presuntamente a hacer “lobby” contra el proyecto. Pese a la insistencia de conocer su postura sobre esta iniciativa, se negó a hablar.

Consultado respecto al proyecto, el diputado cartista Avelino Dávalos dijo que aún no analizó el proyecto a profundidad -pese a que se tendría que tratar hoy-, pero que a priori no sería reacio a analizar el tema de los cobros, pero que tampoco quiere “afectar” la funcionalidad de Opaci.

“Yo estoy de acuerdo en el estudio, tenemos que ir alivianando todo lo que se pueda al ciudadano, esa es mi prioridad también, pero no también alivianar y que deje de funcionar”, señaló Dávalos.

“No están obligados” a rendir cuentas sobre cobros por licencias de conducir

Pese a ser una oenegé principalmente recaudadora, ante lo que sí exhibió rechazo es a eliminar a Opaci, que, a su criterio, “se justifica que haya una institución que pueda aglutinar a todos los intendentes de la República del Paraguay, así como existe el Consejo de Gobernadores”.

La tendencia sería a “cajonear” el proyecto, ya que no se animarían a rechazarlo de cuajo.