Aparatoso despliegue policial: más de 500 efectivos para desalojo en Edelira
Para el desarrollo del desalojo del asentamiento Arapoty, ubicado en la compañía Pirapey del distrito itapuense de Edelira, la Di...
Para el desarrollo del desalojo del asentamiento Arapoty, ubicado en la compañía Pirapey del distrito itapuense de Edelira, la Dirección Departamental de la Policía Nacional, a cargo del Comisario General Juan Agüero Ríos, desplegó entre 500 y 600 efectivos policiales.
La intervención se realizó para efectivizar el oficio N° 512/24, firmado por el agente fiscal Luis Albertini, que ordena el cese del presunto hecho punible.
El terreno en disputa figura a nombre de un ciudadano belga, propietario de una empresa agrícola de nombre Luc María Vanryckeghem.
Desalojo reiterativoLa propiedad ya había sido desalojada el pasado 5 de junio del 2023, operativo que se había realizado con el despliegue de 400 efectivos policiales. Posteriormente, los ocupantes volvieron a ingresar al terreno.
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El terreno comprende 280 hectáreas, habitadas por casi 200 personas, pertenecientes a entre 80 y 100 familias.
Los intervinientes alegaron que el procedimiento se realizó sin resistencia, debido al descomunal número de policías y efectivos tácticos que llegaron a la zona.
La comitiva procedió a la destrucción de las precarias viviendas y cultivos que se encontraban en el sitio.
Problema social y humanoEl abogado de los afectados por el desalojo, Teófilo Figueredo, indicó que las familias quedarán en la intemperie, sin una respuesta que claman hace años a las autoridades locales y nacionales.
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Afirmó que existe un proyecto de expropiación de las tierras, que debe ser tratado y aprobado en la cámara de Senadores.
Tras el operativo las familias quedaron sin resolver la falta de acceso a una vivienda. La comunidad tenía la promesa de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compraría la tierra invadida. Según mencionaron, el ente agrario habría presentado una oferta para adquirir las tierras en disputa, pero el propietario habría negado a venderlas, por un desacuerdo en los precios que solicitaba el empresario belga.
