La Comisión de Asuntos Constitucionales, uno de los principales órganos asesores de la Cámara de Senadores, incumplió ayer su deber de emitir un dictamen sobre el proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de los DD.HH.

Dicha iniciativa busca fijar medidas legales y seguridad, crear un consejo y adecuar al país a recomendaciones y sentencias de órganos internacionales por el caso Santiago Leguizamón y otros.

Dicha comisión había convocado al Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) así como a referentes de la Fiscalía y la Policía Nacional además de los voceros de los ministerios del Interior y Economía y de la Defensa Pública.

Tras horas de debate, la comisión quedó sin quorum por la rabona de sus miembros, por lo que no se emitió dictamen alguno.

Presidió la reunión Ramón Retamozo, aliado del cartismo, ante las ausencias del titular del órgano que simulaba estar conectado por zoom, Javier Zacarías Irún (ANR, HC); la vicepresidenta Lilian Samaniego (ANR) y el relator Carlos Núñez (ANR, HC).

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No obstante, Retamozo dijo al término del encuentro que el proyecto sería aprobado hoy, pero con modificaciones, por el pleno de la Cámara Alta en sesión ordinaria.

Quien más objeciones y modificaciones propuso al proyecto de ley fue el senador liberocartista Dionisio Amarilla, titular de las comisiones “garrote” que intentó atacar a la Usaid, a las ONG críticas, a los políticos opositores y a los medios de prensa no alineados al Gobierno cartista.

Acusó al proyecto de convertir en “acción penal pública” la defensa a los periodistas pero de mantener como una “acción privada” que un comunicador sea querellado por difamaciones, calumnias e injurias de los afectados.

Dijo que hay medios que pueden “torcer voluntades de jueces y fiscales”, sin aclarar si se refería al grupo mediático que responde al oficialismo u otro conglomerado.

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También pidió modificar la definición de “periodista” en la ley con términos más “objetivos”, pero al enterarse de que la Constitución garantiza el libre ejercicio de la profesión (Art. 29), pidió entonces delimitar al profesional al artículo N° 28 de la Carta Magna en que se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.

En este punto se mostró a favor y secundó la moción Mario Varela (ANR), titular de la comisión de DD.HH., y quien pidió tratar el proyecto 15 días atrás.