Para el extitular de la ANDE y exconsejero de Itaipú, Ing. Pedro Ferreira, la simple entrega de un “informe confidencial” por parte del Brasil al gobierno paraguayo para continuar con la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú no resuelve el problema de fondo. El técnico insiste en que el caso de espionaje sigue siendo una herida abierta. “No considero que el caso espionaje esté ‘resuelto’. Quienes espiaron u ordenaron espiar deben pagar por sus actos”, manifestó.

La existencia de documentos confidenciales generó una gran desconfianza a lo largo de toda la historia de Itaipú. Además, si durante las acciones de espionaje se detectaron “hechos punibles realizados por paraguayos para aprovechar la negociación y sacar provecho personal”, estos tampoco deben quedar impunes, dijo, sean de éste o del anterior gobierno.

El manejo del caso a través de la confidencialidad impacta severamente la credibilidad de todo el proceso de revisión del Anexo C. El ex titular de la ANDE critica que este gobierno haya “usado el secreto para no contar toda la verdad”.

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Recordó el anuncio “pomposo e histórico” de que vendrían 1.250 millones de dólares al año al país mediante el acuerdo dado a conocer en mayo de 2024 respecto a la tarifa de Itaipú. “Finalmente, éstos nunca vinieron, en 2023 se habían ejecutado más gastos sociales que en 2024”, señaló,

Mencionó que a la ANDE, vía convenio, le transfirieron grandes cantidades en 2023, que disminuyó en el 2024 y hasta setiembre 2005 era cero. “La opacidad hace que la resolución del Consejo de Itaipú del 9 de mayo 2024 siga estando confidencial. No tiene sentido. Para más, Brasil anuncia algo y Paraguay anuncia otra cosa”, recordó.

Al respecto, explicó que en el 2024 nuestro presidente y los negociadores anunciaron que la tarifa de Itaipú subía, pero desde Brasil aclararon que no subía porque a cada parte se le devolvía la suba. “Tuvimos que esperar nueve meses para que, al revisar el balance 2024 de Itaipú, podamos confirmar que Brasil dijo la verdad en este caso y del lado paraguayo fue marketing”.

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Interrumpir la negociación en forma unilateral, a criterio de Ferreira, fue un gran error de nuestro gobierno. Considera que se tomó una medida discrecional contraria al mandato del Anexo C que dice “será revisado”. “La medida no configuraba ningún tipo de presión para el Brasil. La fecha inicial prevista para cierre de la negociación era diciembre 2024, ahora la fecha de reinicio en diciembre 2025, perdimos un año al menos”, cuestionó.

Al mismo tiempo, recordó que una vez acordado entre los poderes ejecutivos respectivos el documento, este debería ser aprobado por ambos parlamentos. Como ejemplo, si se acuerda en marzo 2026, es muy difícil que esté aprobado y operativo para enero 2027, que es cuando, conforme lo firmado en 2024, baja la tarifa por la no inclusión de gastos discrecionales en el presupuesto de Itaipú. “Será muy difícil una aprobación parlamentaria en Brasil si como consecuencia el vecino país debe subir sus tarifas”, estimó.

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Sobre la ausencia de una nueva fecha tope para finalizar las negociaciones, el exconsejero de Itaipú considero que, en la práctica, para Brasil sí existe un momento crucial: diciembre del año 2026 y la reunión previa del Consejo de Itaipú que fija tarifa 2027, la cual por las características del mercado brasileño debiera de realizarse en setiembre 2026.

“Si para esa fecha está vigente el actual Anexo C … la tarifa baja a la mitad y será muy difícil alguna mejoría en royalties pues bajada la tarifa al consumidor final, es muy inexplicable volverla a subir”.