Anadelia Acosta y el abogado Darío Flores, denunciados e imputados por la apropiación de G. 725 millones de los G. 800 millones que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) liberó a favor de dos familias cuyos miembros perdieron la vida a causa de un cable suelto, habían llegado a un acuerdo con los afectados y devolvieron la suma de G. 600 millones con el fin de extinguir el caso. Pese a la situación, los G. 125 millones deben ser devueltos a la ANDE para extinguir una parte del proceso investigativo.

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La fiscal que lleva la causa, Norma Salinas, manifestó que muchos piensan que con el acuerdo con las familias afectadas el caso queda extinguido, pero que no es así. Indicó que el dinero restante pertenece a la ANDE y debe ser devuelto a las arcas del Estado; de lo contrario, la investigación por apropiación, estafa y lesión de confianza continúa normalmente hasta llegar a juicio oral y público.

Señaló que el proceso investigativo tiene aún 4 meses para acusar a los implicados y que el dinero debe ser devuelto dentro del plazo investigativo para que al menos esa parte de los hechos punibles quede subsanada.

De igual forma, agregó que los demás hechos punibles, como la producción de documentos no auténticos y el cobro indebido del dinero, continúan hasta llegar a una condena por parte del juzgado jurisdiccional.

Hasta ahora, la fiscalía ha imputado a 8 personas en el caso. Los primeros fueron Anadelia Acosta y el abogado Darío Flores, como autores principales del hecho, y se sumaron Ovidio Ramón Oviedo Brítez (novio de Anadelia) y Juan Ramón Acosta (padre de Anadelia), cómplices de la apropiación.

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Posteriormente, se amplió la carpeta de imputación, incluyendo a María Gloria de Flores y Claudia Beatriz Aguilar Mendoza, esposa y prima del abogado Darío Flores.

Por último, fueron imputados el gerente del Banco Nacional de Fomento de Repatriación, Arnaldo Javier González Benítez, y la cajera de la entidad, Mirian Graciela Colmán de Arce, quienes también están señalados como cómplices del hecho.

La imposición de medidas para los imputados está prevista para el viernes18 de octubre, en la sede del Poder Judicial de Caaguazú.