Al acusado se le imputa haber cometido, junto con otras personas, un crimen de guerra por el empleo de métodos de combate prohibidos contra objetivos civiles -castigado con un mínimo de tres años de cárcel, según el código penal alemán- y la provocación de una explosión, entre otros delitos.

La Fiscalía General del Estado alemana cree que el exmilitar, que fue detenido en agosto de 2025 durante unas vacaciones en Italia, fue el cabecilla de un grupo de siete personas que hace cuatro años presuntamente alquiló un velero con documentos falsos y colocó cargas explosivas en el gasoducto, a su paso cerca de la isla danesa de Bornholm, en el mar Báltico.

El plan que supuestamente fue el responsable de los "graves daños" sufridos por las tuberías Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022, fue desarrollado "por encargo de instituciones estatales ucranianas", asegura la Fiscalía, en un momento en el que Kuznetsov era miembro de una unidad de élite ucraniana para operaciones de sabotaje.

Según el escrito de la acusación, filtrado a varios medios alemanes como la cadena de televisión pública ARD, el propio Kuznetsov reclamó en una conversación telefónica con su mujer cuando se hallaba encarcelado en Italia que las autoridades ucranianas hiciesen público que se trataba de "una operación oficial" y no obra de "dos locos", para exculparle.

Según fuentes de seguridad ucranianas citadas por medios como The Wall Street Journal, la operación contó supuestamente con el beneplácito del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, pero no con el del presidente, Volodímir Zelenski.

Dada la multitud de pruebas que asegura haber recabado la Fiscalía, la estrategia de la defensa se decantará por pedir que se examine si, en vista de la guerra en Ucrania, la infraestructura rusa no constituía un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas ucranianas, declaró recientemente a ARD uno de los abogados, Jens Meyer-Lohkamp.

El lunes el letrado advirtió además al diario BILD del riesgo que presenta el proceso para su cliente, que podría ver incluso su vida en peligro por ser un posible blanco de los servicios de inteligencia rusos, pese a las fuertes medidas de seguridad.

Por otro lado, el Tribunal Superior Hanseático rechazó este mes permitir al consorcio ruso Gazprom que se personase como acusación particular en el proceso, ya que no existe una razón para una protección especial que lo justifique, ni se dirimirán cuestiones relacionadas con posibles indemnizaciones.

La voladura de la infraestructura -que no estaba operativa en el momento del ataque porque Rusia había detenido el suministro de gas natural por Nord Stream 1, mientras que Nord Stream 2 no había llegado a entrar en funcionamiento- se produjo fuera de las aguas territoriales alemanas.

No obstante, la Justicia germana considera tener jurisdicción en el caso, ya que las tuberías desembocan en suelo alemán y porque el supuesto sabotaje puso en riesgo los intereses y la seguridad energética del país, para el que el gas ruso era vital en 2022.

La cuestión de la jurisdicción ya estuvo en el centro de un proceso en Polonia, cuya justicia sin embargo acabó dejando en libertad a un segundo sospechoso, Vladímir Zhuravlov, que fue detenido más tarde de nuevo en Croacia y se encuentra ahora a la espera de ser extraditado a Alemania.

El Gobierno del canciller Friedrich Merz ha evitado hasta ahora pronunciarse públicamente sobre las alegaciones y sobre el impacto que pueden tener, de confirmarse, con Ucrania, y ha pedido esperar a que concluya el proceso, que se prolongará por lo menos hasta el próximo mes de febrero.