"Nuestro objetivo ahora era reforzar la vigilancia, restringir la libertad de movimiento e imponer penas más severas", declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa conjunta con la titular de Justicia, Stefanie Hubig.

Así, el plan, cuyos puntos clave fueron aprobados este miércoles en el Consejo de Ministros, busca velar por que los autores de este tipo de ataques, sobre todo aquellas personas clasificadas como potencialmente peligrosas, sean sometidos a una vigilancia más estricta, que se traduce también en un mayor uso de las tobilleras electrónicas, indicó el ministro.

Además, el plan contempla tipificar como delito grave los ataques con arma blanca, que hasta ahora se consideraban una falta si no hay lesiones físicas graves, de manera que en el futuro podrán ser castigadas con penas más severas, es decir, con un castigo mínimo de un año de cárcel.

El objetivo es lograr también una mayor vigilancia en el ámbito de los datos, es decir, permitir una mejor protección mediante el almacenamiento de direcciones IP y la recopilación y conservación de datos de conexión en el marco de la prevención de riesgos, tanto por parte de las autoridades federales como, en un futuro, de las regionales.

Estas medidas son una respuesta directa al atentado islamista radical de julio pasado en el céntrico parque Tiergarten de Berlín durante el Día del Orgullo LGTBI, en el que murió una mujer y 31 personas resultaron heridas en un atropello masivo, pero van dirigidas contra cualquier forma de terrorismo, subrayó Dobrindt.

Además, el plan contempla reforzar la legislación relativa a la difusión de material propagandístico del Estado Islámico (EI), que deberá ser sancionado de forma sistemática, para lo cual se ampliará el tipo delictivo que tipifica como delito el uso de símbolos de organizaciones terroristas, indicó, por su parte, la titular de Justicia.

También se creará un nuevo tipo de delito para combatir la recaudación de donativos con fines terroristas, que hasta ahora no podían ser sancionados si no se había manifestado esa intención, añadió.

Por otra parte, a la hora de dictar sentencias con libertad condicional, se deberán tener más en cuenta los intereses de seguridad de la sociedad en general, señaló Hubig, y agregó que en el futuro se exigirá expresamente que los tribunales justifiquen la aplicación del derecho penal juvenil para las personas entre los 18 y los 21 años.

El paquete de medidas también prevé reforzar la prevención y fomentar programas en ese ámbito, como "pilar fundamental en la lucha contra la intolerancia y la violencia extremista", añadió.

"Lo mejor es reconducir a las personas por el buen camino o mantenerlas en el buen camino (...) La mejor forma de velar por la seguridad de la población es alejar a los jóvenes del camino hacia el extremismo", concluyó.