
Agujero en Asunción: US$ 291 millones en bonos y cero liquidez
La radiografía financiera de la Municipalidad de...
La radiografía financiera de la Municipalidad de Asunción, expuesta ayer -en conferencia de prensa- tras el corte administrativo al 31 de octubre recibido por la intendenta Soledad Núñez, revela una distorsión fiscal alarmante: en la deuda heredada de las administraciones de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello (ambos de ANR-cartismo), el costo financiero acumulado en intereses ya supera al propio capital original de los bonos que aún resta por pagar.
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De acuerdo con el balance oficial presentado por Núñez y su asesor principal, Stephan Rasmussen, la comuna capitalina arrastra un pasivo total de G. 2,3 billones, estimado por la comuna en unos US$ 395 millones. Dentro de esa masa de deuda, el núcleo más pesado corresponde a las emisiones bursátiles: US$ 135 millones en concepto de capital de bonos frente a US$ 156 millones en intereses acumulados, además de unos US$ 20 millones en compromisos pendientes con proveedores.
Dicho de otro modo, por cada dólar de capital de bono que Asunción todavía debe amortizar, ya acumula más de US$ 1,15 en intereses, sin que el dinero captado permanezca en las cuentas municipales ni se traduzca en las obras prometidas.
La estructura de la deuda: cinco emisiones y un costo financiero desbordadoSegún los reportes oficiales de la Intendencia y los archivos de ABC Color sobre la deuda financiera de la comuna con Valores Casa de Bolsa S.A., el endeudamiento bursátil de Asunción se estructuró a través de cinco emisiones principales de capital —las series G5 (heredado de Mario Ferreiro), G6, G7, G8 y G9— que en conjunto totalizaron G. 930.000 millones en colocaciones.
Este agujero financiero se gestó principalmente bajo el liderazgo del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), cuya administración fue intervenida y concluyó con su renuncia, y su posterior continuación bajo la gestión de Luis Bello.
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Lejos de tratarse de un solo instrumento financiero, la deuda en bonos abarca distintas emisiones cuyos recursos debieron destinarse —conforme a la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal— a inversión física y desarrollo urbano, pero que en la práctica se diluyeron entre transferencias cuestionadas, gastos corrientes y vencimientos impagos:
Bonos G6: Emitidos por G. 100.000 millones bajo la gestión de Rodríguez con la promesa de financiar infraestructura urbana, mejoras viales y revitalización de espacios públicos —incluidos G. 10.000 millones previstos para el diseño y la construcción en diez plazas, dentro de asignaciones urbanas de G. 19.995 millones—. Según los registros de ABC Color, a febrero de 2025 restaba un saldo de capital de G. 50.000 millones más intereses superiores a G. 27.500 millones, con cronograma de pagos de capital e intereses (unos G. 77.500 millones) extendiéndose hasta enero de 2029.Bonos G7 (2021): Una emisión de G. 200.000 millones que incluyó proyectos emblemáticos que no se concretaron en los términos prometidos, como la revitalización de la Estación de Buses de Asunción (G. 4.630 millones previstos sin ejecución efectiva, luego “reciclados” por la administración de Bello hacia el Plan de las 400 cuadras).Bonos G8 (2022): La emisión más golpeada por las denuncias de desvío. Totalizó G. 360.000 millones destinados a ocho obras de desagüe pluvial. La intervención a cargo de Carlos Pereira documentó el desvío de más de G. 512.000 millones vinculados a estos fondos, mientras que investigaciones de ABC Color sobre extractos bancarios evidenciaron transferencias desde la cuenta de los bonos G8 hacia otras cuentas y gastos corrientes, dejando saldos mínimos en caja al momento de los controles. A ello se sumaron denuncias sobre inflado de costos de adjudicación (de hasta 135% en contratos iniciados, con precios referenciales disparados respecto a lo autorizado o previsto originalmente).Bonos G9 (2023): Emitidos por G. 195.000 millones de capital —a los que se suman más de G. 177.714 millones en intereses—, creados para cubrir deudas de emisiones anteriores que no habían sido previstas oportunamente, trasladando compromisos obligatorios hasta el año 2035, es decir, a través de al menos dos administraciones municipales más.Durante el periodo de Luis Bello, la acumulación de cuotas de intereses vencidas e impagas profundizó la tensión con los tenedores de bonos. El propio informe de corte administrativo y las declaraciones de Rasmussen dan cuenta de un acuerdo pendiente de pago con bonistas por casi G. 200.000 millones, con vencimiento en marzo, originado en la acumulación de intereses vencidos durante la gestión saliente.
El reporte técnico presentado por Rasmussen señala además, que la Municipalidad recibió alrededor de G. 800.000 millones en concepto de capital neto de emisiones que hoy no figuran en las arcas comunales, donde al 31 de octubre apenas quedaban G. 30.000 millones en caja.
Del desvío de capital a la bola de nieve de los intereses impagosEl crecimiento desproporcionado de los US$ 156 millones en intereses responde a una doble falla de gestión: primero, el uso irregular del capital obtenido bajo la administración de Rodríguez; y segundo, la cadena de cesaciones de pagos y refinanciaciones costosas durante la gestión de Luis Bello.
En el caso de los Bonos G8 (G. 360.000 millones), los fondos debían financiar exclusivamente inversión física conforme a la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal. Sin embargo, la intervención liderada por Carlos Pereira confirmó el desvío de más de G. 512.000 millones acumulados de varias emisiones, hacia gastos rígidos como salarios. El resultado en las calles fue el abandono parcial o total de la infraestructura; el informe de intervención indica que de las ocho cuencas de desagüe pluvial comprometidas, cuatro nunca siquiera comenzaron y cuatro quedaron inconclusas (Abasto, San Pablo/Lambaré, Santo Domingo y General Santos/San Antonio, esta última prácticamente sin avance físico en el terreno).
A ese vaciamiento de capital se sumó el cese en el pago de cupones desde mayo de 2025. De acuerdo con los registros, los intereses vencidos comenzaron a apilarse en tres tramos: G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Rodríguez, G. 20.694 millones durante el periodo de intervención y decenas de miles de millones más bajo el mandato de Bello, quien acumuló más de una decena de incumplimientos frente a los tenedores de bonos.
Para evitar demandas judiciales inmediatas por parte de los bonistas, la administración saliente de Bello suscribió un acuerdo de diferimiento con Valores Casa de Bolsa S.A. que, tras pagos parciales e incumplimientos en el cronograma de septiembre de 2026, dejó un saldo exigible de G. 181.048 millones en capital e intereses diferidos, según la documentación remitida a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), con vencimiento en marzo de 2027.
Una herencia que asfixia el presente de Asunción y la compromete hasta 2035El impacto inmediato de este esquema financiero es una parálisis operativa. Con apenas G. 30.000 millones en caja frente a una planilla salarial mensual de G. 50.000 millones —más el aguinaldo de diciembre—, la nueva administración debió convocar de urgencia a bancos de plaza para gestionar una línea de crédito puente de hasta G. 50.000 millones, cancelable en enero de 2027, con el fin de sostener servicios básicos como la recolección de basura y el mantenimiento vial.
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El desbalance entre los US$ 135 millones de capital y los US$ 156 millones de intereses sintetiza la gravedad del daño patrimonial causado a Asunción. Los contribuyentes capitalinos no solo fueron privados de los desagües pluviales, las plazas y las mejoras viales por las que se emitieron los bonos, sino que ahora deberán financiar —hasta el año 2035, atravesando al menos dos periodos municipales más— una carga de intereses que ya excede el valor del propio capital endeudado.
