Empresas de criptominería y centros de datos para inteligencia artificial que operan en Paraguay plantean prolongar sus contratos con la ANDE hasta el 2037, según un análisis del experto en energía y exparlamentario del Parlasur, Ricardo Canese. Los convenios vigentes vencen el 31 de diciembre de 2027.

La empresa HIVE, que posee 300 MW contratados en dos plantas —una de 100 MW y otra de 200 MW— y que afirma que emplea a 250 personas, es una de las que impulsan la extensión de los contratos hasta 2037.

Según el cálculo de Canese, esa relación arroja 0,83 empleos por MW contratado. A nivel nacional, en cambio, las empresas chicas y grandes, generan en promedio 721 empleos por MW, de acuerdo con datos oficiales.

La comparación, sostiene el analista, muestra que las criptomineras “crean tan solo el 0,12% de los empleos que crea el promedio de las empresas del país, o bien 865 veces menos”.

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Lo que dice HIVE

Gabriel Lamas, presidente de operaciones de HIVE en Paraguay, dijo recientemente que la empresa busca “extender los contratos a 10 años, como mínimo. Ese es nuestro objetivo”.

Lamas defiende que la energía que consume la industria no compite con la del resto del sistema porque opera “modulada”. Es decir, la ANDE le corta el suministro en las horas pico de demanda residencial e industrial. “Nosotros aceptamos esa condición no competimos con nadie por el uso de la energía”, explicó.

El ejecutivo justifica el pedido de estabilidad contractual con el plan de la empresa de llegar a 1.000 MW contratados —hoy tiene 300 MW—, algo que asegura poder construir en apenas 18 meses. “Necesitamos previsibilidad: horizontes contractuales más claros que permitan planificar y conseguir capital”, sostuvo. Según sus cifras, HIVE prevé aportarle a la ANDE ingresos por US$ 140 millones este año solo en pago de energía.

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Una tarifa muy por debajo de la técnica

Mientras tanto, estas empresas siguen pagando la tarifa vigente de 44 US$/MWh. La compañía Imperium, del mismo rubro, había ofrecido de entrada pagar 70 US$/MWh, oferta que, según ya se informó, el Gobierno no aceptó ni rechazó, sino que quedó pendiente de definición.

El análisis de Canese agrega que, si se aplica el Decreto 7551/2017 para empresas electrointensivas, la tarifa técnica debería rondar los 80 US$/MWh o más.

Consultada tras las publicaciones de ABC sobre su oferta, Imperium emitió un comunicado en el que “reafirma su compromiso” con su proyecto de centro de datos de IA en Paraguay y se declaró dispuesta a someterse a “una debida diligencia rigurosa y una evaluación transparente”. La empresa sostiene además que su propuesta de adquirir 300 MW es solo el punto de partida de una “plataforma” escalable y que “no busca un trato preferencial”.

La ANDE, por su parte, mantiene una posición distinta a la de las electrointensivas. La propia empresa estatal fijó el 31 de diciembre de 2027 como vencimiento “improrrogable” para el régimen tarifario del Grupo de Consumo Intensivo Especial, postura que reiteraron en sucesivas ocasiones. El planteo de extender los contratos a 10 años choca, así, de frente con esa definición oficial.

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Más solicitudes que potencia disponible

HIVE, puntualmente, busca elevar su contratación a 1.000 MW, es decir 700 MW adicionales a los que hoy tiene. En conjunto, este tipo de empresas contrata actualmente 1.300 MW, y existen solicitudes pendientes por 6.300 MW más, según el propio titular de la ANDE, Ing. Miguel Báez.

La potencia disponible de Itaipú para Paraguay es de apenas 6.067 MW, cifra que —advierte Canese— debe alcanzar también a las empresas que generan el 99,9% del empleo del país y a todas las familias paraguayas.

Tomando como referencia la oferta de Imperium (70 US$/MWh) frente a la tarifa vigente (44US/MWh), el analista calcula un subsidio de 26 US$/MWh. Aplicado a los 1.300 MW contratados durante 8.400 horas al año, el resultado es un subsidio de US$ 284 millones anuales, según el análisis de Canese.

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Riesgo de déficit ya en 2028

El experto advierte que, de mantenerse “el actual irresponsable ritmo de entrega” de energía a estas empresas, Paraguay podría enfrentar falta de energía —no solo de potencia— desde el primer trimestre de 2028.

En el primer trimestre de 2026, el país consumió el 41% de la energía de Itaipú y Yacyretá. Con una tasa de crecimiento de la demanda eléctrica del 18,3% anual en lo que va de 2026 (14,4% de promedio en los últimos tres años), Canese proyecta que para el primer trimestre de 2028 Paraguay necesitaría el 53,6% de toda la energía binacional, cuando por tratado le corresponde solo el 50%.

“¿De dónde y a qué precio generaremos o importaremos la energía eléctrica que nos faltará, dentro de solo 18 meses?”, plantea el analista, para quien importar energía en ese plazo “nos costará un ojo de la cara”.

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¿Cumplirá Peña su palabra?

Los contratos de las electrointensivas debían caducar el 31 de diciembre de 2027, según lo reiteró en varias ocasiones el Gobierno de Santiago Peña. Sin embargo, Canese recuerda que el propio mandatario emitió, en enero y abril de este año, decretos que favorecían a estas empresas con tarifas preferenciales por 15 años.

A esto se suma que el Gobierno firmó un acuerdo con Taiwán por 1.000 MW en mayo pasado, y que el 13 de agosto se lanzó el Ente Regulador de Energía, que estará dirigido por tres personas designadas por Peña durante seis años, hasta 2032. A criterio del analista, se trata de un mecanismo para “eludir su responsabilidad política” ante el fracaso de los decretos que beneficiaban a las electrointensivas con energía a bajo costo.

Según su cálculo, sin las empresas electrointensivas, Paraguay podría mantener energía hidroeléctrica barata hasta el 2040. “Lo único que hace falta es que Peña no prorrogue los contratos que su propio Gobierno dijo que no iba a prorrogar. Es decir, que cumpla su palabra”, sostiene Canese.

El análisis cierra con un cuestionamiento directo: por qué el Gobierno no exige a las empresas electrointensivas que generen su propia energía en un 100% si desean permanecer en el país más allá de 2027. Cita como ejemplo a Atome, empresa que, según Canese, pretende generar solo una parte reducida de su consumo y recibir el resto, “casi gratis”, de la energía hidroeléctrica nacional.