Ante el aumento de hechos punibles cometidos por menores, el juez de la Adolescencia Camilo Torres manifestó su preocupación porque se busca castigar más a los adolescentes en lugar de entender las razones que los llevan a delinquir.

Según Torres, muchos chicos que cometen delitos provienen de entornos con falta de educación, oportunidades y apoyo del Estado, donde las bandas criminales ocupan un lugar que debería cubrir la sociedad.

“En el caso de adolescentes, se debe trabajar en la prevención, en la reinserción, en la justicia restaurativa y dejar de aplicar estos placebos de aumento de pena o de edad de responsabilidad”, dijo.

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Análisis desde varias perspectivas

Torres explicó que la problemática del involucramiento de menores en el crimen organizado debe analizarse desde múltiples perspectivas.

“Estamos viendo realmente que hay una preocupación muy importante hacia el hecho punible cometido por persona adolescente entre 14 y 18 años. Pero esta situación tiene que ser atendida de varias aristas”, señaló.

El magistrado apuntó a la ausencia del Estado como uno de los principales factores que dejan espacio al crimen organizado.

“Muchas veces estas facciones criminales ocupan el lugar del Estado. Ante la ausencia de educación, de salud, de igualdad de oportunidades, aparece un clan o un comando que le dice al adolescente: ‘Nosotros le podemos dar esto, lo otro’. El Estado tiene que estar presente, tiene que dar garantías, seguridad y contención. No solamente tiene que reprimir, sino prevenir”, expresó.

Crimen organizado y vulnerabilidad adolescente

Torres subrayó que los adolescentes en conflicto con la ley penal provienen, en su mayoría, de contextos de exclusión social y falta de oportunidades.

“Son personas que viven casi al margen de la ley, sin educación. Esto no los exime del proceso, pero si queremos cortar la carrera delictiva, tenemos que aplicar lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 54 de la Constitución Nacional”, mencionó.

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Prevención, educación y justicia restaurativa

Consultado sobre las políticas estatales para revertir esta situación, Torres reconoció que existen “intenciones de mejora”, pero que los esfuerzos aún son insuficientes.

“El consumo de drogas influye fuertemente en los hechos punibles. El Estado tendría que atacar los focos de distribución en zonas vulnerables y, al mismo tiempo, atender qué hacemos con el chico que consume. Tenemos centros de desintoxicación, pero no hay terapias efectivas ni sistemas integradores para adolescentes que estuvieron en conflicto con la ley penal”, declaró.

El juez insistió en que la educación y las prestaciones básicas son la clave para romper la cadena delictiva de un adolescente.

“Si se trabaja bien con el adolescente, con equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos, se corta la carrera delictiva. A lo mejor ese chico nunca más ingresa al sistema penal. Pero si seguimos respondiendo solo con castigo, no vamos a resolver nada”, subrayó.