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Administración estatal de firmas vinculadas a Ueno: el alcance del proyecto que impulsa el Ejecutivo

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley que plantea someter a administración temporal a las sociedades vinculadas a ...

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley que plantea someter a administración temporal a las sociedades vinculadas a Ueno Bank S.A., entidad financiera cuyo procedimiento de resolución fue dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La iniciativa otorga al Estado facultades para designar administradores, desplazar a las actuales autoridades de las empresas, controlar sus operaciones y autorizar la venta de activos y unidades productivas. El régimen tendrá una vigencia de ocho meses.

El proyecto ingresó a la Cámara de Senadores el 13 de noviembre, mediante el Mensaje N° 432, y tuvo entrada oficial durante la sesión ordinaria del miércoles 18 de noviembre. Pero se dio a conocer recién ahora y la Presidencia del Senado dispuso su remisión a cuatro comisiones asesoras para su estudio y dictamen.

La propuesta está firmada por el presidente de la República, Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez; el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez, y el ministro de Industria y Comercio, Marco Nicolás Riquelme Boettner.

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Según la exposición de motivos, el Ejecutivo considera que la Ley N° 2334/03, que regula la resolución de entidades financieras, no contempla mecanismos para actuar sobre las empresas que forman parte del mismo grupo económico de un banco sometido a ese procedimiento.

Resaltó que la legislación vigente dispone la suspensión de los derechos de los administradores y accionistas de la entidad financiera, el cese de sus directores y la toma de posesión por parte del interventor del BCP. Sin embargo, no establece facultades directas sobre las sociedades vinculadas.

El Gobierno sostiene que, mientras se desarrolla la resolución bancaria, los directores de esas empresas conservan atribuciones para disponer de activos, constituir gravámenes y pagar a determinados acreedores. Esto, según el documento, podría reducir el patrimonio disponible para responder ante los depositantes y demás acreedores del banco.

Régimen exclusivo para empresas vinculadas a Ueno

El artículo 2° establece que la normativa se aplicará exclusivamente a las sociedades vinculadas a Ueno Bank S.A., cuyo procedimiento de resolución fue dispuesto por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). El régimen no podrá extenderse a otros procesos de resolución bancaria ni a empresas involucradas en otras situaciones de crisis o intervención.

El artículo 3° comprende a las sociedades que integran el mismo grupo económico, por estar controladas directa o indirectamente por quienes tienen el control del banco, y a aquellas declaradas vinculadas por propiedad o gestión, conforme a la Ley General de Bancos.

También podrán quedar alcanzadas empresas que hayan salido del grupo durante los 12 meses anteriores a la resolución bancaria, cuando la transferencia de acciones se haya realizado a directivos, accionistas, empleados jerárquicos, familiares o sociedades controladas por ellos.

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En contrapartida, quedan excluidas las firmas cuya única relación con Ueno Bank sea la realización de operaciones de crédito, garantías, depósitos o prestación de servicios en condiciones de mercado. Tampoco se incluirán empresas vinculadas únicamente por parentesco o identidad de directores, salvo que exista influencia preponderante y continua en sus decisiones.

Administración temporal desde la promulgación

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que las sociedades comprendidas quedarán sometidas automáticamente al régimen de administración temporal desde la entrada en vigor de la ley.

Para identificar a las empresas alcanzadas, se creará el Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas deberá solicitar informes técnicos al BCP y datos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de información a la Dirección General de los Registros Públicos. Las instituciones tendrán cinco días hábiles para responder.

Con esos datos, el Consejo identificará a las sociedades y designará a sus administradores. También podrá excluir, mediante resolución fundada, a las empresas que no cumplan los criterios legales o que no sean viables, considerando su situación patrimonial, flujo de fondos, endeudamiento y vigencia de licencias y contratos esenciales.

Consejo tendrá facultades para designar y remover administradores

Justamente, el artículo 6° crea el Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, como órgano de aplicación de la ley, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Este “colegiado” estará integrado por representantes de la Presidencia de la República, que ejercerá la presidencia del organismo; el MIC; el MEF; el BCP y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). El representante del BCP tendrá voz, pero no voto.

Entre sus atribuciones figuran identificar a las empresas alcanzadas, excluir a las que corresponda, designar y remover administradores, fijar sus remuneraciones, examinar informes de gestión y autorizar operaciones extraordinarias. También deberá coordinar sus actuaciones con el interventor o liquidador de Ueno Bank y comunicar al Ministerio Público hechos que pudieran constituir delitos.

Las resoluciones, designaciones, remuneraciones y resúmenes de los informes mensuales deberán publicarse en el sitio web del MIC, salvo la información reservada.

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Administradores asumirán el control de las empresas

Siempre según el proyecto de ley, el Consejo designará un administrador para cada sociedad sometida al régimen, aunque podrá nombrar a una misma persona para varias empresas cuando la unidad de gestión lo justifique.

Los administradores deberán contar con título universitario en ciencias económicas, administración, contaduría o derecho y acreditar al menos cinco años de experiencia en gestión empresarial, auditoría, procesos concursales o administración de activos. También podrán ser contratadas personas jurídicas especializadas, que deberán identificar al responsable de ejercer el cargo.

El proyecto establece incompatibilidades para evitar conflictos de intereses. No podrán asumir quienes hayan sido accionistas, directores, gerentes, apoderados o empleados de Ueno Bank o de las empresas alcanzadas durante los cinco años anteriores, ni quienes hayan prestado servicios profesionales a esas entidades durante los últimos tres años. También se establecen restricciones para familiares, acreedores y deudores, además de otras inhabilitaciones legales.

Una vez que el administrador acepte el cargo, cesarán automáticamente los directores, gerentes y apoderados generales de la sociedad. Los antiguos directivos deberán entregar, en un plazo máximo de 48 horas, los libros contables y societarios, documentos, claves de acceso a cuentas y sistemas, además de los bienes de la empresa.

Durante la administración temporal, los accionistas no podrán designar o remover administradores, distribuir utilidades, reducir el capital, disolver la sociedad ni adoptar decisiones que alteren su estructura o impliquen disponer de su patrimonio. Los demás derechos de los accionistas se mantendrán.

Operaciones extraordinarias requerirán autorización

Los administradores podrán mantener las actividades productivas y comerciales, ejecutar contratos vigentes, cobrar créditos y pagar obligaciones corrientes indispensables, incluidos salarios, aportes previsionales e impuestos.

Sin embargo, necesitarán autorización previa del Consejo para vender, permutar o gravar inmuebles, bienes registrables, participaciones societarias, marcas y otros activos esenciales. La misma exigencia se aplicará a la contratación de préstamos, otorgamiento de garantías, determinadas transacciones, quitas de deudas, cierre de establecimientos y suspensiones o terminaciones colectivas de contratos laborales.

También requerirán autorización las solicitudes de convocatoria de acreedores o quiebra y cualquier operación que exceda la administración ordinaria o el presupuesto aprobado. Los actos realizados sin el permiso correspondiente serán nulos y generarán responsabilidad para el administrador.

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Ventas deberán ser públicas y con tasación independiente

El proyecto establece un procedimiento para la venta de bienes esenciales, de empresas completas o de unidades productivas. Las operaciones deberán contar con una tasación independiente y una convocatoria pública, que será publicada durante tres días en un diario de gran circulación y en el sitio web del MIC. Los interesados tendrán un plazo mínimo de diez días hábiles para presentar ofertas.

Los oferentes deberán identificarse, informar quiénes son sus beneficiarios finales y acreditar solvencia. Si se trata de una unidad productiva, también deberán indicar qué tratamiento darán a los trabajadores y contratos vigentes.

Como regla general, se adjudicará a la oferta de mayor precio. No obstante, el Consejo podrá elegir una propuesta hasta un 10% inferior a la mejor oferta cuando garantice en mayor medida la continuidad de la unidad productiva y los puestos de trabajo.

El dinero obtenido deberá depositarse en una cuenta a nombre de la sociedad. El Consejo podrá retener los fondos para cubrir los créditos que Ueno Bank tenga contra esa empresa y ponerlos a disposición del interventor o liquidador del banco, siempre que la sociedad conserve activos suficientes para responder por sus demás obligaciones. De lo contrario, los recursos permanecerán retenidos hasta que se resuelva una eventual convocatoria de acreedores o quiebra.

Garantizan continuidad de los trabajadores

La administración temporal no interrumpirá las actividades de las empresas ni provocará la suspensión o terminación de sus contratos laborales. El administrador deberá priorizar el pago de los salarios y aportes previsionales corrientes.

Las suspensiones y terminaciones colectivas deberán ajustarse al Código del Trabajo y contar con autorización del Consejo, previo informe del Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, los créditos que Ueno Bank tenga contra las sociedades administradas no podrán ser pagados, modificados, compensados ni garantizados durante el régimen, salvo autorización del Consejo con la conformidad del interventor o liquidador del banco.

También quedarán suspendidas las obligaciones de las empresas con sus accionistas, directores cesantes y otras sociedades alcanzadas por la ley. Estos acreedores no podrán promover ejecuciones sobre los bienes de las empresas durante ese período.

El Estado no asumirá las deudas de las empresas

El proyecto establece que la administración temporal no transferirá al Estado la propiedad de las acciones ni de los bienes de las sociedades, tampoco modificará su personalidad jurídica ni mezclará sus patrimonios con los de Ueno Bank, sus accionistas u otras empresas administradas.

Cada firma conservará sus propios activos, pasivos y contabilidad. Además, el Estado no asumirá ni garantizará las obligaciones de las empresas y los actos de gestión de los administradores serán atribuidos a las respectivas sociedades.

Los gastos de administración, incluidos los honorarios de administradores, tasadores y auxiliares, así como las publicaciones, serán cubiertos por las propias empresas. La aplicación de la ley no generará gastos adicionales para el Presupuesto General de la Nación, más allá de los recursos ordinarios de las instituciones que integren el Consejo.

Vigencia de ocho meses

La iniciativa establece que la ley entrará en vigor desde su promulgación y tendrá una vigencia máxima de ocho meses, plazo que también limitará la administración temporal de cada sociedad.

El régimen podrá finalizar antes si se transfiere el paquete accionario de la empresa, se venden todas sus unidades productivas, se declara su quiebra o se abre una convocatoria de acreedores con desplazamiento de la administración. También podrá concluir si la sociedad es excluida del régimen o si finaliza el procedimiento de resolución bancaria y se cancelan íntegramente los créditos de Ueno Bank contra ella.

Vencidos los ocho meses, la administración cesará automáticamente. Sin embargo, las rendiciones de cuentas y los procedimientos iniciados durante la vigencia de la normativa continuarán hasta su conclusión, sin perjuicio de la revisión judicial de las actuaciones de los administradores.

Fuente: https://www.abc.com.py/economia/2026/11/20/administracion-estatal-de-firmas-vinculadas-a-ueno-el-alcance-del-proyecto-que-impulsa-el-ejecutivo/

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