Gustavo Colmán, representante de la comunidad indígena Maká, manifestó que en 2021 presentó dos expedientes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular en ese entonces era Pablo Seitz, advirtiendo que parte del diseño del puente “Héroes del Chaco” afectaba tierras que le pertenece a esta comunidad. Como prueba, adjuntó una serie de documentos respaldatarios, tales como el Decreto N° 2190/44, resoluciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a través de las cuales se otorgó a la comunidad 104 de las 335 hectáreas en cuestión; también de sentencias judiciales donde se les reconoce a los Maká como propietarios, tras litigios con la firma Enrique Remmele SACI.

En 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contrató por G. 997.368 millones al consorcio Unión (CDD Construcciones SA y constructora Heisecke SA), representado por César Daniel Delgado Salinas.

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Referente a la demora en el accionar, mencionó que hubo modificaciones del diseño, y que el original no afectaba a la comunidad. Asimismo, recordó que se recurrió al MOPC y al Congreso, donde se realizó una audiencia pública.

“El DNCP tiene la potestad y el poder para detener la obra; sin embargo, permitió que sigan los pagos a la contratista”, puntualizó. Agregó que en ese entonces, el porcentaje de avance era del 11%.

La semana pasada, la DNCP, bajo la gestión de Agustín Encina, anunció el inicio de la verificación contractual del llamado. “Se trata de una ‘ventanita’ que dejó la anterior administración, porque analizó algunos puntos y el dictamen jurídico determinó que se realice una verificación contractual y eso es lo que se hará ahora, en cuanto a la segunda denuncia, en ese entonces se consideró que no había elementos nuevos y cerraron el caso”, comentó.

Al respecto, se consultó a Seitz sobre la falta de indagación en ese momento. Respondió que se comunicó al MOPC, y que ya no sabría decir si contestaron.

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Se le insistió que se trata de una denuncia de hace dos años atrás. “Habíamos recibido en su momento en una reunión al representante de la comunidad y al cacique Mateo. Les expliqué cuáles son los alcances de control de la DNCP”, detalló.

Por otra parte, evitó responder sobre la falta de atención a los reclamos y el impedimento por continuar una obra sin que, al menos la parte afectada tenga una respuesta efectiva por de la institución contralora, conforme denunció Colmán.

Colmán mencionó también que son cinco puntos los reclamos: la indemnización a la comunidad por sus tierras, pues se otorgó a un tercero por sus tierras; el desarrollo de las obras sin consulta ni consentimiento como establece el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la falta de inversión de US$ 34.000 para mitigar el impacto de las obras en la comunidad, dragado e inundación de tierras, donde se encuentran sepultados sus antepasados.

“En su momento, en una reunión presencial, desde la DNCP nos explicaron que no sería su jurisdicción lo relativo a indemnización. Pero tiene el deber de detener la ejecución del contrato para atender el cumplimiento del proceso de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CCPLI) estipulado por la OIT, es un proceso que no se está cumpliendo”, recalcó.

En ese sentido, Colmán facilitó la copia del expediente presentado ante MOPC en el cual el presidente Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Omar Pico, asegura que no se cumple con el proceso consultivo libre e informado.

“Se trata de un proceso desde el inicio de la obra hasta la conclusión de la misma, como dice su nombre, es un proceso. El MOPC presentó solo un papel firmado por personas que no representan a la comunidad, y que no están reconocidos ni siquiera como autorizados por el Indi”, aseguró.

En este contexto, ahora se aguarda conocer el avance de la investigación de Contrataciones Públicas y si se plantean nuevas disposiciones del Gobierno, atendiendo que las acciones planteadas fueron durante la administración anterior.