El Tribunal Superior del Cabo Occidental empezó este miércoles una audiencia de dos días para evaluar la solicitud de Ramaphosa para detener un proceso relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción del país.

"Lo que el presidente está intentando hacer es interferir en los procesos del Parlamento", lo que supone un "enorme daño a la separación de poderes", afirmó el abogado Anton Katz, que representa al partido opositor minoritario Movimiento Africano de Transformación (ATM, en inglés).

El letrado William Mokhare, que representa al comité parlamentario creado para evaluar el citado informe de 2022, señaló que "no se puede bloquear una investigación que ya ha sido ordenada" por el Tribunal Constitucional, al subrayar que Ramaphosa "ha perdido la oportunidad" para solicitar una revisión del informe.

Por su lado, la defensa del presidente argumentó que el panel independiente que elaboró el informe debería haber tenido más en cuenta la evidencia presentada por Ramaphosa, en el poder desde 2018.

"El panel debía evaluar las pruebas incriminatorias, la explicación del presidente y si existían motivos suficientes para iniciar una investigación pública. Se trata de una responsabilidad mayor que la mera determinación de si existen indicios 'prima facie' (a primera vista)", afirmó el abogado Wim Trengove.

Ante estos argumentos, sin embargo, el juez André le Grange, que preside el tribunal, recordó que el panel contaba con competencias muy limitadas para realizar su investigación.

En su solicitud, Ramaphosa pide que se suspendan los trabajos del comité de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) que evalúa su posible destitución hasta que se resuelva otro recurso que él mismo presentó en mayo ante la misma corte contra el informe de 2022 y que tiene una audiencia programa del 2 al 4 de septiembre.

El proceso contra el mandatario se reanudó el pasado mayo, después de que el Tribunal Constitucional declarase "inválida y nula" la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 el informe, que concluye que, "prima facie" (a primera vista), el presidente pudo haber cometido una "violación grave" de varias leyes anticorrupción.

El documento hacía referencia al escándalo del robo millonario sucedido en febrero de 2020 en una granja propiedad de Ramaphosa en Phala Phala (norte), cifrado por el presidente en 580.000 dólares (unos 507.000 euros al cambio actual) y que llevó al partido ATM a presentar una moción contra el mandatario y a la creación del panel.

Esa formación acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.