A excepción de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), la abogada y especialista del Consultorio Jurídico Feminista, Mirta Moragas, explica que la mayoría de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) carecen de normativas internas para abordar casos de acoso sexual o discriminación.

Moragas advierte que el sistema educativo superior arrastra un rezago histórico en la materia y que la ausencia de mecanismos de prevención convierte a los campus en terrenos fértiles para que este tipo de situaciones ocurran en el más absoluto silencio. “El sistema educativo está absolutamente atrasado en prevención”, sostiene.

Centenas de estudiantes de la UNA, se encuentran en alerta tras la salida a la luz de una red de acoso sexual y violencia digital. Las denuncias, lideradas inicialmente por universitarias de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) y extendidas a alrededor de 10 de las 11 unidades académicas del campus ubicado en San Lorenzo (90% de facultades), exponen la circulación no consentida de material íntimo y contenidos manipulados.

Canales de Denuncia y Ayuda - UNA Canales de escucha y protección ¿A dónde acudir si sos víctima o tenés información?

Espacios seguros, confidenciales y gratuitos para denunciar, recibir apoyo psicológico y resguardo legal.

Canal Oficial UNA Dirección de Bienestar Institucional (DBI)

Recepciona denuncias, activa resguardo académico y deriva casos.

dbi@rec.una.py Copiar 137 SOS Mujer 24h / Gratuito

Atención, orientación psicológica y contención en crisis.

911 Policía Nacional Emergencias

Para situaciones de riesgo inminente o auxilio inmediato.

¿Cómo actuar ante violencia digital? 1. Guardá pruebas

Capturá la pantalla con la hora, fecha, enlace (URL) o número visible.

2. No compartas

Cortá la cadena: no reenvíes ni descargues el contenido no consentido.

3. Reportá seguro

Escribí a dbi@rec.una.py o acudí al Ministerio Público.

No estás sola. La culpa nunca es de la víctima y la responsabilidad es siempre de quien agrede o difunde.

Tras el suceso, la UNA, el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía formaron una mesa de crisis, que tiene en principio dos objetivos claros: Acompañamiento psicológico para las víctimas e investigar el origen de los ataques para identificar a los responsables que, serían supuestamente estudiantes universitarios.

Suman 80 víctimas y denuncian que sitio web sigue abierto

Hasta la fecha, el número de universitarias afectadas asciende a unas 80 víctimas identificadas, según los registros que manejan los propios gremios estudiantiles, que son quienes iniciaron los reclamos ante las autoridades.

A pesar de las intervenciones institucionales y las denuncias penales presentadas ante la intervención del propio Ministerio Público, el alumnado denuncia con preocupación que la plataforma web y las carpetas virtuales donde se aloja el material no consentido, continúan operativas y de acceso público, perpetuando la vulneración de la intimidad de las jóvenes.

Ximena Ramos, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), indicó que, de manera oficial, hoy iniciaron a recopilar las denuncias. Solo en la FADA, se estima que hay 60 alumnas afectadas, mientras que en la Politécnica, contarían con otras 20.

Al respecto, Mirta Moragas insistió en que el desafío no concluye con la creación de un protocolo escrito, sino en contar con equipos técnicos y jurídicos capacitados dentro de las propias facultades para actuar de forma inmediata. “Una cosa es tener la norma y otra es la aplicación. Si las unidades académicas no cuentan con profesionales capaces de recibir y gestionar estas denuncias adecuadamente, la respuesta llega tarde”, puntualizó.

Las medidas prometidas por el rectorado de la UNA

Ante la conmoción generada en la comunidad universitaria y luego de una primera reunión con estudiantes, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, el rectorado de la UNA promete una serie de compromisos y canales de comunicación:

Canal oficial de denuncias: Se designó a la Dirección de Bienestar Institucional (DBI) como la instancia central para recibir solicitudes y denuncias a través del correo electrónico dbi@rec.una.py. Atención psicológica y contención: Especialistas del Ministerio de la Mujer brindarán atención presencial en la Dirección General de Extensión Universitaria (DGEU). Asimismo, recordaron la vigencia de la línea gratuita 137 SOS Mujer.Garantía de confidencialidad: La UNA prometió resguardar la identidad de las denunciantes y la privacidad de las informaciones recabadas para evitar situaciones de exposición y revictimización.Investigación penal y medidas de protección: La Asesoría Jurídica de la universidad derivará las evidencias a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público. Además, se tramitarán medidas de protección ante el Juzgado de Paz correspondiente para el resguardo de las afectadas. Medidas académicas y prevención: Implementación de resguardos académicos para las víctimas que lo requieran y el fortalecimiento de campañas de capacitación y sensibilización sobre violencia de género.

A pesar de los canales y compromisos anunciados por la universidad, Mirta Moragas enfatiza que la respuesta institucional sigue llegando tarde, centrándose en la reacción posterior a los hechos en lugar de la prevención. Para la especialista, el abordaje de la violencia de género no debe limitarse a la contención tras la crisis, sino a una inversión real de tiempo y recursos para transformar el entorno educativo.

“Si no se trabaja la prevención de raíz y las facultades no cuentan con equipos capacitados para actuar de forma ágil, el campus seguirá siendo un espacio vulnerable para el estudiantado”, concluyó.

La raíz cultural: pacto de complicidad y el vacío de la EIS

Para Clemen Bareiro, especialista del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), esta problemática sobrepasa las paredes de las facultades y refleja patrones socioculturales profundamente arraigados, pues, asevera, la universidad es un espejo más de la sociedad.

“No es sorpresa, el daño es real. Se toman fotos sin consentimiento, se las sexualiza, se fabrican imágenes con inteligencia artificial y se hacen circular. Esto provoca miedo, vergüenza de ir a clases y el abandono de espacios públicos”, señala Bareiro, quien agrega que a medida que pasan los días la historia se va agravando. “Entre las afectadas habría adolescentes menores de edad de los cursillos de ingreso, eso es gravísimo y tiene otra dimensión penal”, remarca.

Según el análisis de Serpaj, el fenómeno se sostiene sobre tres ejes críticos:

Pacto de complicidad masculina: La universidad reproduce una sociedad donde el cuerpo femenino se asume como algo disponible. “Estas páginas funcionan como un pacto de complicidad masculina donde humillar a una compañera se vuelve un juego o una forma de ganar prestigio entre pares”, argumenta.Anonimato e Inteligencia Artificial: La tecnología simplifica y acelera la fabricación de imágenes sexuales explícitas de forma anónima, creando una sensación de impunidad.El veto a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS): Bareiro sostiene que las consecuencias actuales derivan del bloqueo deliberado y la desinformación que sufrió la EIS en las escuelas durante años. “Los jóvenes llegan a la universidad sin haber tenido nunca una conversación sobre consentimiento, respeto o ética digital. Negar la educación con perspectiva de género no borra la violencia; la profundiza”.Desamparo institucional y falta de protocolo unificado: La ausencia de una normativa clara y transversal en la universidad pública más importante del país deja desprotegidas a las víctimas y diluye las responsabilidades. Sin un protocolo con presupuesto e instancias especializadas, las respuestas quedan sujetas a medidas improvisadas de emergencia una vez desatada la crisis.

Mirta Moragas coincide con esta visión. “El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por acción u omisión, por cómo encara los temas de género, la violencia y la enseñanza sobre género, es lo que genera un poco lo que empieza después en la universidad, es decir, tiene que ver con lo que la cartera hace y deja de hacer. Esto no empieza en la universidad, empieza en la primera infancia.

Delito, no “travesura”: el llamado a cortar la cadena

Bareiro recuerda que la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres reconoce expresamente la violencia digital como una forma de agresión. “Esto no es ningún chiste, ni una travesura, ni algo simpático para hacerle a una amiga: es un delito equivalente a un golpe en la cara que vulnera directamente la dignidad”, enfatiza.

La especialista recalca que la responsabilidad no recae únicamente en quien crea el contenido, sino en toda la cadena de difusión. “La violencia sigue en quien recibe, guarda y reenvía.

El duro discurso del mejor egresado de Medicina UNA: “Un sistema corrupto que nos expulsa”

Por último y es demasiado importante, dice Bareiro, le decimos a las chicas que “no es su culpa, sin importar qué foto subieron o dónde estaban; la responsabilidad siempre es de quien agrede y difunde esa imagen y a la ciudadanía le pedimos que si les llega ese material, no lo abran, lo denuncien y corten la cadena de difusión”.