Un grupo de abogados, representados por Osvaldo Rodas Sánchez y Federico Campos López Moreira, presentó un requerimiento formal ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia para decretar la anulación definitiva de la matrícula de abogado N° 59.690, perteneciente a Hernán David Rivas Román.

En el documento, los denunciantes afirman que los plazos legales para concluir el sumario administrativo e imponer la sanción correspondiente ya han transcurrido holgadamente sin que el Poder Judicial emita una resolución final.

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La petición se sustenta en la reciente decisión de un Tribunal de Sentencia que condenó al exsenador Hernán Rivas a 8 años de prisión, tras dar por probado que el exlegislador nunca cursó ni aprobó la carrera de Derecho, calificándolo como un “alumno fantasma”.

Los abogados remarcan que la matrícula fue otorgada mediante un engaño a la propia máxima instancia judicial, por lo que su vigencia continua representa una grave afrenta a la sociedad.

La vía administrativa es independiente de la causa penal

En el escrito presentado, los profesionales enfatizan que la Corte Suprema no tiene la obligación ni la necesidad de aguardar a que la sentencia penal quede firme para resolver la nulidad del documento. Apoyándose en la Acordada N° 1597/21 de la propia institución, recordaron que la responsabilidad y el procedimiento disciplinario administrativo corren de manera autónoma e independiente del proceso penal.

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Asimismo, argumentan que la concesión del registro profesional sobre la base de un título universitario de contenido falso constituye un acto viciado de nulidad absoluta.

En ese sentido, sostienen categóricamente que “no existe derecho adquirido sobre un fraude”, por lo que la Corte tiene la obligación legal y moral de enmendar de inmediato su propio acto administrativo concedido por error.

Daño a la institucionalidad y urgencia de una respuesta

El pedido resalta la gravedad del caso al recordar que Hernán Rivas llegó a ocupar y presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales del país, sirviéndose de una matrícula que jamás debió existir.

A criterio de los abogados, mantener activo dicho registro daña profundamente la credibilidad del sistema de justicia y perjudica el ejercicio legítimo de la profesión.