El abogado Rodrigo Yódice, representante legal del Banco Atlas en la causa penal vinculada al caso Conmebol, calificó como un “apriete nefasto, bochornoso e inconstitucional” la reciente resolución aprobada a tambor batiente por la Cámara de Senadores.

La Cámara Alta, mediante una llamativa votación exprés de menos de un minuto y en la que coincidieron sectores oficialistas y opositores, aprobó un proyecto de declaración donde manifestó su “preocupación” por la supuesta mora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en resolver una recusación dentro de la causa conocida públicamente como Banco Atlas–CONMEBOL.

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Para el profesional, esta maniobra parlamentaria representa una “artera violación al principio de equilibrio de poderes” que pisoteó la Constitución Nacional.

“Hablo con profunda desazón como ciudadano y como abogado. Estamos ante una aviesa, indisimulada e inequívoca intromisión del Poder Legislativo en facultades que son netamente jurisdiccionales. El Parlamento se ha despojado de toda protección a los intereses públicos para subalternizar sus potestades constitucionales en favor de intereses estrictamente privados”, expresó en entrevista con la 730 AM.

El pisoteo al artículo 192 de la Constitución

Al analizar los fundamentos jurídicos de la decisión del Senado, Yódice enfatizó que los legisladores violaron abiertamente el artículo 192 de la Constitucion Nacional. Explicó que si bien el Congreso posee la facultad de requerir informes a otros poderes del Estado, la norma estipula dos condiciones infranqueables, que los pedidos se relacionen estrictamente con cuestiones de interés público y que en ningún caso involucre o interfiera en asuntos de naturaleza jurisdiccional.

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“¿Qué interés público tiene para el campesino que trabaja todo el día un proceso penal donde única y exclusivamente se discuten cuestiones patrimoniales entre privados?”, cuestionó con el abogado.

Comparó la insólita celeridad del Senado para este caso con su absoluto desinterés ante tragedias de alto impacto social o causas de corrupción pública. “Jamás vimos a la Cámara de Senadores emitir una declaración de preocupación para exigir avances por el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, ni para apurar el congelamiento de causas donde se juzga el desvío de más de 40.000 millones de guaraníes de fondos públicos. Pero para resolver las incidencias de un pleito privado entre amigos del poder, actúan en un minuto”, recriminó.

“Lo último que les importa es el respeto al Estado de derecho”

El representante legal remarcó que este pronunciamiento legislativo refuerza la hipótesis de la defensa de que la causa penal en cuestión fue armada de manera deliberada.

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Sostuvo que el proceso judicial está siendo utilizado como una herramienta coercitiva y de escarmiento hacia un grupo empresarial y periodístico por su postura crítica frente a los abusos de los hombres públicos. “Lo último que les importa es el respeto al Estado de derecho; lo que pretenden es darle un palo a quienes dan a conocer la verdad”, añadió.

Ante esta situación, Yódice hizo un llamado a los ministros de la Corte Suprema de Justicia para que no “abdiquen ni se batan en retirada” ante el chantaje parlamentario, instándolos a rechazar la nota del Senado en salvaguarda de la seguridad jurídica.

Asimismo, adelantó que el equipo jurídico se encuentra evaluando formular denuncias formales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la abierta violación a las garantías del debido proceso y al Pacto de San José de Costa Rica.