El abogado de Gianina García Troche, Santiago Moratorio, en declaraciones a la prensa, aseguró que su cliente afirma su inocencia y enfrenta un proceso donde no se respeta el debido proceso ni el derecho a la defensa.

Según Moratorio, el manejo del caso constituye una forma de “extorsión y presión” basada en el “derecho penal del enemigo” donde se criminaliza a la mujer “por el vínculo” de ser la pareja de Sebastián Marset.

Entrega de Sebastián Marset es “inviable”, sostiene su abogado

Uno de los puntos más graves señalados es la falta de respuesta judicial. La defensa recordó que solicitó un cambio en la calificación y una medida cautelar alternativa (arresto domiciliario); sin embargo, transcurrieron 72 días sin que la jueza, Dra. Ora Rosalito Montanía, emitiera una respuesta, lo que generó un “estado de indefensión”.

El abogado también recordó que, al llegar a Paraguay, a García Troche se le negó el derecho a elegir a un abogado de su confianza, designándosele un defensor público.

Abogado alerta por la salud de la imputada

La preocupación más urgente de la defensa se centra en la integridad física de García Troche, quien sufrió un deterioro severo de su salud durante su reclusión, según denunció.

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La defensa relató que solicitó por tres meses la atención de médicos especialistas, particularmente neurólogos, debido a convulsiones, desmayos y aparición de moretones en el cuerpo.

Recientemente, García Troche fue trasladada al Hospital Militar por falta de conocimiento e ingresó en terapia intensiva. No obstante, fue devuelta al penal de Viñas Cué. Según la defensa, fue trasladada de vuelta a prisión sin que se le entregaran los resultados ni el diagnóstico.

Abogado denunció sanciones arbitrarias

La defensa denunció que la jueza Montanía impuso una sanción inédita contra García Troche, prohibiéndole recibir visitas por cinco días.

Además de la sanción de visitas, que normalmente corresponde al Ministerio de Justicia, la jueza decretó que no se permitiera el ingreso de los abogados al centro penitenciario, a pesar de que la comunicación entre abogado y cliente no constituye una “visita” sino un derecho.

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Moratorio aseguró que presentarán todos los escritos necesarios, incluyendo un recurso de casación contra la solicitud del fiscal de una prórroga extraordinaria de seis meses de investigación. Asimismo, han manifestado su intención de llevar el caso, si es necesario, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que se respete el derecho a defensa y el debido proceso.

La defensa hace énfasis en que la mujer renunció voluntariamente al asilo político en España para venir a Paraguay a enfrentar el juicio, precisamente por considerarse inocente.