El imputado en el caso A Ultranza Py, Pedro Benigno González Pereira, mecánico de Tío Rico, recusó este jueves al mediodía al fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Deny Yoon Pak, quien es el encargado de la citada causa, iniciada con el megaoperativo efectuado el 22 de febrero de 2022, con más de 100 allanamientos en territorio paraguayo.

Al igual que al fiscal Pak, Pedro González también recusó a los agentes Pamela Pérez, Luis Said, María Irene Álvarez, Osmar Segovia, Elva Cáceres, Ingrid Cubilla, Guillermo Sanabria, Alejandro Cardozo y Christian Ortiz. En su escrito, presentado bajo patrocinio de la abogada María Magdalena Ferreira Krayacich, el imputado solicitó la asignación de un fiscal provisorio para llevar adelante la causa.

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Cabe señalar que el recusante fue imputado el 23 de febrero de 2022 por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes (artículo 21°) y lavado de activos provenientes del narcotráfico (artículo 44°), de acuerdo con la Ley N° 1340/88 y también, por asociación criminal (artículo 239°) según el Código Penal.

En ese sentido, el incoado presentó el incidente durante su estado de rebeldía, declarado ya en el año 2022, es decir, que el mismo intenta litigar y obstaculizar el trabajo fiscal de cuatro años desde la clandestinidad. A esto se suma, que se da a pocas horas de que se presente requerimiento conclusivo contra el pastor José Alberto Insfrán Galeano, hermano de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

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Fiscalía no tiene pruebas y carece de objetividad, según imputado en rebeldía

El imputado declarado en rebeldía, Pedro González, señala en el escrito presentado por medio de su abogada María Ferreira que, “mi parte se agravia contra los recusados, ya que, en este juicio que sigue, hay muchas personas inocentes como yo, privados de libertad, sin pruebas, insiste el Ministerio Público Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de esta capital, en que todos vayamos presos, sin tener orientado la investigación, ni mucho menos van en busca de la verdad”.

El recusante, desde su estado de rebeldía, sostiene cuestiona que la Fiscalía no va “en busca de la verdad con pruebas contundentes para que no sea una pena anticipada la decisión adquirida por parte de los recusados”.

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Posteriormente desmerita el trabajo del fiscal investigador Deny Yoon Pak, señalando que “en el presente juicio ni siquiera tienen indicios probatorios que puedan vincularme en esta causa lo cual se convierte en una total falta de objetividad”.

Mecánico, pilotos y secretarios están prófugos aún

En el marco del caso A Ultranza, aún hay poco más de 20 personas que se encuentran sin estar sometidas al proceso penal. Entre estas, hay individuos considerados miembros y colaboradores de la estructura liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, que se constituyó en socio del uruguayo prófugo Sebastián Marset, dedicada al envío de cocaína a África y Euroap.

Entre algunos de los requeridos principalmente por su presunta colaboración para el lavado de dinero, están individualizados Yolanda Ignacia Insfrán Galeano, hermana de Conrado Ramón, Miguel Ángel, José Alberto y Carolina Insfrán; Mariano Daniel Genes Benítez, sindicado como uno de los secretarios de Tío Rico; Hugo Manuel González Ramos, dueño de la estancia San Agustín e intermediario de Miguel Insfrán en la compra de una propiedad al senador colorado cartista Erico Galeano Segovia por US$ 1 millón al contado.

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Igualmente se citan a Tobías Daniel Narváez, secretario de Mariano Génes, Jorge Antonio Giménez Bogado, supuesto operador; el piloto Diego Enrique Guerrero Yegros; Mauro García Troche, cuñado del principal líder Marset y testaferro de este; así como el mecánico Pedro Benigno González Pereira y el piloto Roque Félix Estigarribia Ojeda.

Todos los citados fueron declarados rebeldes y cuentan con pedido de captura nacional e internacional. Además, cuentan con código rojo en el sistema de Interpol. Se presume que pudieron huir antes de iniciarse el Operativo A Ultranza, como consecuencia de la investigación a cargo del fiscal Lorenzo Lezcano, en el caso “Smart”, en el que se indagó incluso a los tripulantes del avión iraní con pabellón venezolano y su vinculación con Sebastián Marset.