Tres de los acusados se encuentran prófugos y tienen órdenes de prisión preventiva, mientras que los otros veintidós ya cumplen medidas alternativas a la prisión como la presentación periódica ante las autoridades y la prohibición de salir del país.

La investigación comenzó en marzo de 2022, después de que la Fiscalía recibiera una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación de una obra.

Según el Ministerio Público, varios funcionarios habrían favorecido a una empresa extranjera que obtuvo el contrato pese a que, cuando se produjo la adjudicación y se firmó el acuerdo, no tenía registrado su domicilio fiscal en Ecuador ni estaba registrada en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Los pliegos exigían que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, participantes en la licitación tuvieran su domicilio fiscal en Ecuador.

Entre los procesados figuran antiguos gerentes y funcionarios de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas que intervinieron en las fases precontractual, contractual y de ejecución, así como el representante legal y dos contadores de la empresa adjudicataria, una supuesta intermediaria y varios de sus familiares y allegados.

La Fiscalía sostiene que los acusados habrían formado parte de una red de corrupción que intervino en la contratación y ocasionó un perjuicio económico al Estado.