Este martes, la Cámara de Diputados incluyó como quinto punto del orden del día el estudio de siete pedidos de intervenciones a municipalidades de distintos puntos del país y entre ellas destaca el caso del padre del senador e intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), Hernán Ysidro Rivas, que ya había sido salvado en una ocasión por esta cámara.

Piden dar “punto final” a pedidos de intervención a intendentes averiados

El caso de Hernán Ysidro Rivas, al igual que el de su hijo, evidencia un nivel de blindaje poco usual por parte del cartismo, ya que los actuales miembros de la Cámara de Diputados, en diciembre de 2023, a puertas de ir a su primer receso parlamentario, salvaron al intendente de un primer pedido de intervención.

Esto pese a graves sospechas de desvío de fondos y otras irregularidades en su administración, las cuales fueron denunciadas también ante la Fiscalía.

Las presuntas irregularidades no cesaron, tanto así que en junio de 2024, los fiscales Natalia Fúster,Reinaldo Castillo y Walter Castro realizaron sendos allanamientos en Tomás Romero Pereira, indagando un presunto daño patrimonial de cerca de G. 9.000 millones en la administración del padre del legislador.

Esto se dio recién un año después que el senador Rivas se viera forzado a renunciar como presidente y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Sin embargo, desde entonces no se han tenido avances de la causa en el ámbito penal, y parece ocupar el mismo “freezer” que su pedido de intervención, que data del 22 de agosto del año pasado.

Los Rivas parecieran tener un “santo aparte”, aunque no es difícil de ver que se trata del cartismo, ya que el padre del legislador incluso fue ayudado por más de un año por el Ministerio del Interior, a cargo del ministro Enrique Riera Escudero.

Esto ya que el segundo pedido de intervención de la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira fue presentado, cumpliendo todos los requisitos legales, el 5 de junio de 2024, y pese a que la ley lo obligaba a remitir a Diputados el pedido en un plazo máximo de 5 días, lo enviaron el 26 de agosto del año pasado, tras tenerlo guardado más de un año.

Esto dejó servido en bandeja a Diputados para un eventual segundo blanqueamiento, ya que ahora la excusa para archivar todos estos pedidos de intervención es que ya no queda tiempo, puesto que faltan menos de dos meses para las internas municipales del 7 de junio.

Si bien el argumento podría sonar razonable, la realidad es que una mayoría en Cámara Baja propició con ese fin ese escenario y evitar que se traten los pedidos de intervención, algo que se hace más evidente si se contrasta con el apuro que imprimió esta cámara a dos municipios de su interés, el caso de Ciudad del Este y de Asunción.

A diferencia de los casos actuales cajoneados, la mayoría cartista apuró lo que hiciera falta para lograr la salida del exintendente opositor de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo) y al cartistas de Asunción -que ya les estaba siendo un lastre-, Óscar Nenecho Rodríguez.

Con la falta de tratamiento benefician a Rivas, que para colmo busca el rekutú, sin que nunca se haya dado la posibilidad de indagar efectivamente su administración.

Además del caso de Hernán Ysidro Rivas, la Cámara de Diputados deberá analizar este martes los pedidos de intervención a las gestiones en Ñemby (Central) de Tomás Olmedo(ANR-HC); en Lima (San Pedro) de Juan Manuel Ávalos(Alianza); en Ybyrarobaná (Canindeypu) de César Machuca(ANR-HC); en Emboscada (Cordillera), Silvio Andrés Peña (PLRA); en Yby Yaú (Concepción) de Vidal Argüello(Alianza) y en Juan León Mallorquín (Alto Paraná), Elvio Coronel(Alianza).