La denuncia penal contra el vicepresidente de la República Pedro Alliana y el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre, ambos colorados cartistas, será por los supuestos hechos de tráfico de influencia, cobro indebido de honorarios y lesión de confianza, adelantó la abogada Esther Roa.

“Haremos una denuncia formal, bien argumentada, para que no sea rechazada por el Ministerio Público y, en ese sentido, encontramos elementos suficientes que dan cuenta de que existe un delito que debe ser investigado”, dijo la activista social.

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Agregó que los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el senador Silvio “Beto” Ovelar y el diputado Latorre “hicieron un pacto de impunidad” para contratar a personas que no cumplen con la idoneidad o no hayan pasado por el concurso para ocupar un cargo público.

Sobre el vicepresidente Alliana, dijo que logró el nombramiento de su hija Montserrat Alliana Encina con un salario de G. 18 millones sin contar con un título universitario y sin concursar en la Cámara Baja. “Como vicepresidente y de un mismo sector político, logró el nombramiento de su hija sin que tenga las condiciones”, dijo Roa.

Indicó que sobre el cartista Latorre pesa la contratación de varios “hijos del poder” tales como: Alejandro Ovelar, hijo del titular del Congreso, Silvio Ovelar, quien renunció; Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres (liberocartista), y Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado José Mino Adorno (ANR-HC).

Silvia Noemí Vega, esposa del diputado Benjamín Cantero (ANR), y Liz Liliana Rotela Aguilera, Johana Denisse Giménez Rotela y Danna Maricela Giménez Rotela, esposa e hijas del diputado Cleto Giménez (liberocartista).

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Sobre Elías Godoy, Esther Roa indicó: “O renuncia o cárcel”, pues el joven, estaría estafando al Estado al cobrar por una función para la cual no está capacitado. Es ‘asesor’ con un salario de G. 9 millones y apenas terminó la secundaria, por lo cual será denunciado por estafa”.