Las juezas de Paz Liliana González de Bristot, del distrito de San Roque; y Carmen Analía Cibils Miñarro, de La Encarnación, fueron enjuiciadas de oficio por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por irregularidades presuntamente cometidos por ambas magistradas en el caso conocido como la “mafia de los pagarés”.

En la sesión extraordinaria del JEM, llevada a cabo este lunes, los miembros del colegiado concluyeron de manera unánime que se cumplen los requisitos de gravedad, notoriedad y afectación para el enjuiciamiento de oficio a las juezas de Paz. Como fiscales acusadores fueron designados Alejandra Benítez y Celso Ayala, respectivamente.

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Las auditorías de reacción inmediata, realizadas por la Corte Suprema de Justicia en los juzgados de Paz de San Roque y La Encarnación, que constataron severas irregularidades en la tramitación de juicios ejecutivos, fueron las bases para la apertura del enjuiciamiento de oficio, de parte del JEM.

Atendiendo el enjuiciamiento de oficio, el JEM solicitó a la máxima instancia judicial la suspensión en el cargo, sin goce de sueldo, tanto para la jueza Liliana González de Bristot como para la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro, de conformidad con el artículo 13 de la Ley N° 6814/2021.

Irregularidades detectadas sobre “mafia de los pagarés”

El Dr. Manuel Ramírez Candia, preopinante respecto a las actuaciones de la jueza Liliana González de Bristot, detalló durante la sesión extraordinaria del JEM las irregularidades detectadas por la auditoría llevada a cabo por la Corte, que fue puesta a conocimiento de los miembros del Jurado en la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2024.

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Señaló que la magistrada emitió resoluciones sin número ni fecha en 100 expedientes, tramitó 35 expedientes de juicios ejecutivos sin contar con documentos obligacionales, firmó resoluciones en fechas indebidas en 7 expedientes y concretó notificaciones de forma irregular. “Es un hecho notorio que afecta el interés general con una gran cantidad de ciudadanos que fueron víctimas de procesos irregulares”, expresó Ramírez Candia.

Por su parte el ministro César Garay, preopinante sobre las actuaciones de la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro, señaló que la magistrada cometió faltas consideradas como graves dentro del ordenamiento de la propia Corte Suprema de Justicia, que al mismo tiempo son pasibles de un proceso en el organismo extrapoder.

Entre las irregularidades que habría cometido Cibils Miñarro el miembro del JEM resaltó que la jueza de Paz dictó resoluciones con una firma, pero sin el sello correspondiente; y también dictó providencias sin fechas y sin el sello identificatorio correspondiente, con las que se tuvo por iniciados los juicios ejecutivos para el embargo de salarios.

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A criterio de Garay “la gravedad del asunto es que la totalidad de expedientes auditados cuentan con innumerables anomalías procedimentales en juicios ejecutivos con aparente colusión con las partes autores, en detrimento del derecho de los demandados que desconocían las demandas en su contra”, según argumentó.

Irregularidades en la " mafia de los pagarés”

En un informe remitido por la Fiscalía al JEM, el pasado viernes 14 de febrero, los agentes encargados de la investigación resaltan que han detectado notificaciones realizadas en el marco de expedientes de preparación de acción ejecutiva así como de juicios ejecutivos, realizados en forma simultánea, en el mismo día y hora o horas cercanas, en puntos distantes.

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero agregaron que si bien la referida actuación correspondería básicamente a los ujieres notificadores de cada juzgado de Paz, también se analiza la participación de los actuarios y jueces.

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Los agentes del Ministerio Público han detectado además situaciones en los que se habría dado trámite a acciones preparatorias de juicios ejecutivos sin que se haya agregado al expediente el pagaré correspondiente.

Así también detectaron en los allanamientos el uso de acordadas dictadas por la Corte durante la pandemia, que suspendían plazos procesales, con el propósito de salvar caducidades de acciones promovidas en 2023.