En una audiencia de imposición de medidas realizada hoy, la magistrada penal de garantías Cynthia Lovera decretó la prisión de suboficial ayudante de la Policía Nacional Oliver Daniel Lezcano Galeano, de 21 años y su esposa Ada Arasy Ruiz Díaz de Lezcano (26), estudiante de Derecho, procesados por su presunta responsabilidad en el asesinato del militar Líder Javier Ríos Cañete, de 28 años.

Ambos están procesados por homicidio doloso por el fiscal Federico Delfino, quien solicitó la prisión preventiva para los dos durante la audiencia.

El uniformado cumplirá la prisión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú u otro centro penitenciario que el Ministerio de Justicia considere adecuado, mientras que la universitaria lo hará en el correccional de mujeres Casa del Buen Pastor.

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Durante la diligencia realizada ante el juzgado penal de garantías N° 3, los abogados Gerardo Galeano y Pedro Lezcano solicitaron que Oliver Lezcano cumpla la medida restrictiva de libertad en la Agrupación Especializada.

Los letrados explicaron que la petición tiene el objeto de preservar la integridad física de su defendido, pues el mismo -en su carácter de agente policial- ha realizado varios procedimientos que derivó en la detención de varias personas, que actualmente están recluidas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

A su vez, Ada Ruiz Díaz fue asistida durante la audiencia por el abogado Cristian Duarte, quien solicitó la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión para su defendida. El profesional destacó que se trata de una persona persona joven, estudiante de dos carreras universitarias, madre de una niña de 6 años e hija de una mujer con discapacidad, además de encargada del cuidado de su abuela de 90 años.

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Asimismo, el defensor sostuvo que su representada no tenía conocimiento de lo ocurrido hasta el día de su detención por agentes del departamento de investigación de Homicidios.

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Tras escuchar los argumentos de las partes, la magistrada Cynthia Lovera resolvió decretar la prisión preventiva de los acusados, tras destacar además de la gravedad del hecho investigado, la existencia de los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.

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“De la relación de hechos contenidos en el acta de imputación formulada por la Agente Fiscal interviniente, es razonable sostener conforme al tipo penal imputado cuyo tipo penal prevé una pena privativa de libertad de 5 a 30 años, dejando de esta forma latente un claro peligro de fuga por parte del imputado, haciéndose necesaria en consecuencia la presencia del mismo a los efectos de que pueda someterse a las resultas del presente proceso penal. Así mismo el presente proceso penal se encuentra en estado incipiente de investigación por lo que resulta razonablemente suponer que la incoada en libertad pueda obstruir la presente investigación”, señaló la magistrada, al fundamentar uno de los motivos de la prisión decretada.

“En relación al peligro de obstrucción: no debemos perder de vista que el proceso investigativo se encuentra en estado incipiente en el que existen altas probabilidades de que el imputado en libertad destruya o modifique elementos de pruebas, o incluso influya en los testigos a que informen falsamente sobre los hechos o que se comporten de manera desleal en el proceso, atendiendo a que el mismo es personal policial, por lo que teniendo en cuenta las circunstancias especiales registradas en la presente causa, esta Magistratura considera que el peligro de obstrucción también se encuentra latente”, concluyó la jueza Lovera.

Líder Ríos se encontraba desaparecido desde el 12 de enero pasado, cuando salió para trabajar en su automóvil Volkswagen Gol negro como chofer de la plataforma Bolt.

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El martes último, los investigadores localizaron el cuerpo del militar en la zona del club El Mbiguá de Asunción.

El último viaje antes del asesinato del militar fue solicitado por el policía

Una investigación técnica del departamento Antisecuestro de la Policía determinó que el policía Oliver Lezcano fue el último pasajero que alzó a su auto el militar Líder Ríos aquella noche, sobre la calle Dora Gómez Bueno de Acuña, frente al Hospital General de Luque.

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Su teléfono también ubica al militar en la plaza España de Asunción, situada en la calle Doctor Luis Enrique Migone, a una cuadra de la avenida Sacramento, donde justamente terminó el viaje solicitado y donde los vecinos escucharon esa misma noche un disparo que fue el que acabó con la vida de la víctima.

Asimismo, el celular del suboficial ayudante operó al día siguiente en la calle Ricardo Caballero casi Santo Domingo del barrio Silvio Pettirossi de la capital, donde coincidentemente fue encontrado abandonado el auto del sargento primero, y también emitió señal por varias horas en la zona donde ayer fue encontrado tirado el cuerpo, que a su vez fue cubierto con cal para que no tuviera olor.

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El departamento de Homicidios de la Policía corroboró que, tras la ejecución, el cuerpo del militar fue llevado por el policía hasta la zona del club El Mbigua y que de ahí el suboficial ayudante fue a su casa del barrio San Vicente para lavar el Volkswagen Gol de la víctima, que después quedó abandonado a 1.800 metros de su casa.

Esa misma madrugada, el policía y su esposa regresaron a la escena del crimen con la camioneta Ford Explorer que utilizaban habitualmente, según las filmaciones que consiguió el departamento de Homicidios de la Policía.

Fuente: https://www.abc.com.py/policiales/2023/01/26/asesinato-del-militar-prision-para-policia-y-su-esposa/